El ex director de la prisión zacatecana de Cieneguillas, Eduardo Romero García, y alrededor de una veintena de custodios de ese centro carcelario recibían al menos desde hace tres meses sobornos de entre 5 mil y 20 mil pesos mensuales a cambio de permitir privilegios a los presos ahí recluidos que pertenecen al grupo delictivo Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, según revelan testimonios ministeriales de varios de los guardias bajo arraigo desde el pasado martes.

De esta forma, la fiscalía antinarcóticos de la Procuraduría General de la República (PGR) ha fortalecido su hipótesis inicial de que los 53 presos evadidos tuvieron toda la colaboración de los custodios del penal, quienes presuntamente fueron cooptados con antelación por el grupo criminal, según revelaron funcionarios de esa dependencia.

Fuentes gubernamentales consultadas ayer por este diario informaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) prepara un grupo de militares que apoyará a las policías estatales y municipales en la vigilancia de la mayoría de los centros penitenciarios de mediana seguridad en los estados, considerados focos rojos por el gobierno federal .

Los centros de readaptación social de Puebla, Guanajuato, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas y Aguascalientes serán los primeros en contar con vigilancia militar. De hecho, un centenar de soldados llegaron durante el pasado sábado a los penales de San Miguel y Atlixco, en Puebla, para reforzar la vigilancia.

Desde hace dos meses, un informe presentado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, denominado Estrategia Nacional Penitenciaria 2008-2012, reveló que el sobrecupo e intromisión criminal elevan el peligro en las prisiones estatales, y que entre 28 y 30 penales aglutinan 50 por ciento de los reos a escala nacional.

El país cuenta con 253 centros penitenciarios –estatales o de mediana seguridad–, entre los que destacan los de Michoacán, con 24 penales; Veracruz, 22; estado de México, 21; Sinaloa y Guerrero, 18 cada uno; Sonora, 15; San Luis Potosí, 14, Chiapas e Hidalgo, 12 en cada caso, y Jalisco con 10.

Según las fuentes consultadas, entre las prebendas que obtenían los presos de Cieneguillas, en Zacatecas –que en cinco minutos se fugaron la madrugada del pasado 16 de mayo–, destaca la posesión de varios teléfonos celulares y aparatos de radiocomunicación, desde los cuales mantenían contacto con miembros de Los Zetas en el exterior, y así operaban secuestros, robos, ejecuciones y extorsiones.

Los mencionados sobornos también hacían que los presos convivieran mucho más tiempo del permitido por el reglamento del penal con sus familiares, amigos y abogados. Incluso podían pasar una noche completa con la mujer que los visitara.

Así lo revelan testimonios de algunos de los 44 custodios sujetos a arraigo desde el pasado 19 de mayo –tres días después de que un comando armado rescató a 53 personas que estaban recluidas en Cieneguillas–, quienes han comparecido ante la fiscalía antinarco de la PGR.

La Jornada publicó el pasado viernes que desde hace seis meses los custodios de la cárcel de Cieneguillas estaban bajo acoso permanente y amenazas de Los Zetas, información que también será valorada por los fiscales de la PGR.

A su vez, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) cuenta ya con la declaración de un testigo protegido y con el testimonio de varios de los indiciados, a fin de determinar el grado de responsabilidad de los custodios y funcionaros del penal zacatecano.

El testigo protegido es presuntamente uno de los guardias, que fue capturado como parte del grupo de custodios y funcionarios sujetos a investigación por esta evasión, la cual reveló los niveles de corrupción que se viven en la Dirección de Prevención y Readaptación Social de esa entidad y en las corporaciones policiacas estatales, lo mismo que un inocultable enfrentamiento entre la gobernadora Amalia García y el senador (con licencia) Ricardo Monreal.

Finalmente, las fuentes consultadas añadieron que, una vez que concluya el análisis pericial de los videos grabados en el interior y exterior del penal –en el momento de la fuga–, se realizará una reconstrucción de hechos.

Por otro lado, como parte de las acciones para localizar y reaprehender a los 53 reos fugados, elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), uniformados y vestidos de civil, realizaron un operativo de identificación en el aeropuerto de la ciudad de México.

Con fotografías de los prófugos, los elementos policiacos fijaron puestos de revisión en las inmediaciones de la terminal aérea, pasillos, filtros de acceso y salas de última espera. Esta acción se inició el pasado viernes y estará vigente hasta nuevo aviso; también se lleva a cabo en otros aeropuertos del país.

Fuentes aeroportuarias revelaron que el dispositivo de identificación faculta a elementos de la AFI a interrogar sospechosos, incluso cuando el eventual pasajero ya se encuentre a bordo de la aeronave. Además, el operativo se realiza en las principales carreteras, donde está a cargo de la Policía Federal Preventiva.