n Perú se libra una lucha cuyo desenlace marcará al resto de pueblos indígenas de la región. De manera paradójica y con el derecho en su favor, se enfrentan, una vez más, al poder del Estado que los ignora y los subordina al interés de las trasnacionales.

El pasado 9 de abril 60 pueblos amazónicos iniciaron una paralización pacífica exigiendo la derogatoria de los decretos legislativos 1020, 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090. Ahí queda el primer elemento: pueblos que demandan una desregulación que pasa por encima de sus derechos. Los decretos tienen relación con los territorios, recursos hídricos y asuntos forestales que permitirán la tala indiscriminada de árboles, la privatización de recursos naturales y la contaminación del ambiente a través de la exploración y explotación de hidrocarburos.

Estas tensas semanas han transcurrido sin que el Estado en conjunto tome nota de la necesidad de atender las justas demandas indígenas. Los pueblos han recurrido a cerrar tres estaciones de bombeo de la empresa estatal Petroperú, tomaron un aeródromo, bloquearon varios ríos para impedir el paso a embarcaciones petroleras, así como un importante puente en la selva peruana, e incomunicaron el nororiente y la costa norte del país.

En respuesta, el gobierno aprista declaró estado de emergencia en los estados selváticos norteños de Loreto y Amazonas y los centrales Ucayali y Cuzco, con el consiguiente acoso tanto policiaco como por la Marina, lo que ha generado terror en las poblaciones ribereñas. Por supuesto que este enfrentamiento del movimiento amazónico ya tiene colocadas las acusaciones penales: Alberto Pizango, presidente de de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que lidera el movimiento, está acusado ante la Fiscalía Provincial Penal número 44 por rebelión, sedición y motín contra el Estado peruano.

En el Congreso hay un sector proclive a las demandas indígenas, representado en el Partido Nacionalista Peruano, cuya postura fue significativa en la comisión que el pasado 19 de mayo aprobó la inconstitucionalidad del decreto legislativo número 1090, sobre la Ley Forestal y Fauna Silvestre. Este importante resquicio queda en espera de una sesión de pleno que obviamente está sujeta a las negociaciones políticas y a la decisión que tomen el presidente de la república y su partido. Los decretos impugnados forman parte de un centenar emitidos en el contexto del tratado de libre comercio con Estados Unidos. Los legisladores de la comisión que declaró la inconstitucionalidad señalaron que vulneran el artículo 55 y la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución peruana, al no interpretar los preceptos constitucionales relativos a comunidades campesinas y nativas, de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Su dictamen guarda concordancia con el Informe de la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios de la OIT, publicado en febrero de 2009, en el cual se insta al gobierno peruano a avanzar de inmediato en el diseño de mecanismos apropiados de participación de los pueblos indígenas y lo exhorta a consultarles antes de la adopción de medidas que los afecten directa o indirectamente.

Un respaldo significativo, aparte del conjunto de organizaciones indígenas en el Perú fue el pronunciamiento solidario de los obispos de la Amazonia, quienes cuestionaron el concepto de desarrollo que está detrás de los decretos impugnados y llamaron enfáticamente al presidente de la República al diálogo y a evitar la confrontación violenta.

No obstante el clima de extrema tensión, los amazónicos decidieron declararse pueblos en insurgencia contra el gobierno de Alan García en los territorios indígenas amazónicos, de conformidad con el artículo 89 de la Constitución del Estado peruano, que no es otra cosa que el derecho a la rebelión. La implicación de tal decisión la plantearon de esta manera:

Esto significa que nuestras leyes ancestrales pasarán a ser leyes obligatorias en nuestros territorios y que consideraremos una agresión externa a cualquier fuerza que pretenda ingresar en los mismos.

Las armas de este movimiento son precarias lanzas, ello en apariencia, porque su arma fuerte es la voluntad de defender sus tierras al costo que sea. De manera que el riesgo está latente, dada la obvia desproporción frente a las fuerzas del Estado. Lo que está en juego es la viabilidad de que los derechos de los pueblos sean justiciables en un contexto de estados con vocación neoliberal a quienes la depredación ambiental producto de sus proyectos de desarrollo no les importa, mucho menos la vida de estos pueblos.

Así, la cuarta Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala se reunirá en Puno, Perú, esta semana y estará marcada por el desenlace que tendrá el movimiento amazónico. Ojalá se construyan el diálogo y la negociación; ninguna otra opción puede ser aceptada.