La fuga de 53 reos del penal de Cieneguillas, Zacatecas, el pasado 16 de mayo, demuestra con claridad los síntomas de un sistema penitenciario corrupto, donde desde adentro se fraguan delitos, por lo que la estrategia del presidente Felipe Calderón en contra del crimen organizado ha fallado desde el principio, aseguraron legisladores del PRI y especialistas en seguridad nacional y criminalística.

A su vez, diputados de Convergencia demandaron a los mandatarios de Morelos, el panista Marco Antonio Adame, y de Zacatecas, la perredista Amalia García, que soliciten licencia a sus cargos para permitir que se investigue a los cuerpos de seguridad de ambas entidades por sus presuntos nexos con el narcotráfico.

La dirigencia del PRI en Zacatecas exigió por su parte al gobierno del estado revisar todos los centros penitenciarios de la entidad, porque la mayoría de ellos no cubren las necesidades para cumplir con su función de readaptar socialmente a los reos.

De su lado, Guillermo Garduño, académico de la Univesidad Autónoma Metropolitana y especialista en sistemas penitenciarios, señaló que como está diseñado el sistema en el país, lo único que ha dejado como consecuencia es que se castigue a los pobres y no a los delincuentes.

El también experto en temas de seguridad nacional señaló que otro aspecto de la problemática penitenciaria es el tema de las adicciones a las drogas de los presos. Reconozcamos otra situación: las prisiones están sometidas a un régimen que reclama la droga como medio de control. En el momento en que de alguna manera los estupefacientes se quitan, automáticamente hay un motín.

En ese mismo tenor, David Ordaz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, destacó que pese a las reformas penales, modificación de estructuras organizativas y la introducción de técnicas modernas de sicoterapia o educación, el sistema penitenciario siempre ha estado en crisis, porque la comunidad carcelaria se rige bajo un modelo propio y único, donde parece ser que la ley y la justicia no traspasan sus muros.

“A través de la historia hemos confirmado que –al margen de que se trate de delitos del fuero común o federal– son centros de reincidencia, donde desde el primer instante los reclusos son sometidos a una serie de condiciones en las que no se respetan sus derechos humanos”; además de que ingresan a una vida disciplinada con un carácter represivo y uniforme, que tiene como resultado efectos negativos sobre la personalidad y contrarios al fin educativo del tratamiento, comentó.

El priísta Ascensión Orihuela destacó que los únicos indicadores que han crecido en la lucha contra el crimen organizado son negativos. Es lamentable que a tres años del inicio de esta lucha anticrimen resulten actos lamentables y que reflejan un fracaso rotundo en las estrategias de combate a la delincuencia organizada. La ineficacia del gobierno es absoluta frente a la corrupción, el consumo de narcóticos y la delincuencia organizada, indicó.

José Luis Espinosa, del PAN, coincidió con el priísta en destacar la necesidad de un cambio de estrategia en la política de seguridad pública, como retirar a estados y municipios los recursos que, habiendo sido designados para combatir a la delincuencia, se destinen a otros propósitos.