San Cristóbal de Las Casas, Chis., 25 de mayo. La resistencia retórica del país nos impide comprender a qué grado la crisis del narcotráfico y de las organizaciones guerrilleras en México constituye ya un preámbulo de guerra civil, afirmó el escritor Carlos Montemayor.

Sobre los comicios del 5 de julio para renovar la Cámara de Diputados, opinó que las elecciones serán un espejismo mientras las fuerzas ciudadanas no se renueven, no crezcan y no intervengan de manera decisiva en los procesos electorales, que cada vez más representan una disputa entre elites de partido y no de proyectos nacionales de base ciudadana.

Sostuvo que cada vez las dirigencias de los partidos políticos son más semejantes. Sus diferencias son esencialmente escénicas, no de sustancia, por lo que la salida o el cambio saludable político en México no puede derivar de las elites de los partidos políticos; solamente puede surgir de un cambio sustancial de las acciones, fuerzas o transformaciones ciudadanas.

En entrevista, consideró que la reciente declaración del ex secretario de Hacienda José Ángel Gurría de que la economía de México “‘es un desastre’, es muy adecuada, pues estamos ante la demolición por los efectos de las políticas neoliberales de México. El país está en demolición, no como dice retóricamente Felipe Calderón, que en el camino correcto. Está en la demolición, en el abismo, en la caída precipitada del desmantelamiento total”.

El término Estado fallido, dijo, es un concepto forjado desde la perspectiva de los analistas y asesores del Pentágono en Washington, pero sus conclusiones no están muy alejadas de la realidad económica del país, que está en el sótano del desarrollo económico del continente.

México está en bancarrota, no tiene recursos propios ni en ciencia, salud, pensiones, seguridad social ni en seguridad pública.

El escritor e historiador se refirió también a la tendencia oficial de criminalizar la protesta, y señaló que adelantarse en términos legislativos y judiciales a la criminalización de la inconformidad social es confesar que las condiciones sociales, políticas y económicas de México van a detonar un proceso de inconformidad social creciente.

–Hay advertencias de que el país podría sufrir una guerra civil –se recordó al autor de Guerra en el paraíso.

–Las guerras civiles tienen una tipología en el derecho internacional muy clara. La tradición mexicana acerca de sus conversiones sociales ha sido también muy explícita, y vigorosamente expuesta en foros nacionales e internacionales. México ha criminalizado siempre la inconformidad; no ha firmado los protocolos de Ginebra sobre los conflictos bélicos internos. El Ejército Mexicano se ha opuesto siempre a suscribir los convenios internacionales que protejan los derechos de combatientes internos.

La guerra civil, los alzamientos armados, las rebeliones, los movimientos guerrilleros han sido siempre considerados por el gobierno mexicano, priísta o panista, como delincuencia. La criminalización de la inconformidad social ha conducido a una cerrazón total de comprensión social y jurídica de la inconformidad social; por lo tanto, el surgimiento de una guerra social sería un trastocamiento no sólo de la estructura política del país, sino de la inercia de conceptualización política de la inconformidad social en México. Esta resistencia retórica del país nos impide comprender a qué grado la crisis del narcotráfico y de las organizaciones guerrilleras en México constituyen ya un preámbulo de guerra civil.

–¿Los grupos guerrilleros en México tienen fuerza?

–No sabemos el nivel de penetración que tienen las organizaciones guerrilleras. Por los comunicados recientes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), o por las entrevistas que ha dado, podemos suponer que hay un crecimiento de las bases sociales. No sabemos cuál es la extensión del crimen organizado del país, cuál es el nivel de infiltración que el crimen organizado ha conseguido en las estructuras policiales y castrense, e incluso políticas y administrativas del país.

Montemayor aseguró que México ha perdido de manera significativa el control de la información de seguridad nacional que podría tornar comprensible el desarrollo de la inconformidad social legal, clandestina y armada, y por otro lado el crecimiento de las organizaciones del crimen organizado, por lo que es lógico que si el Estado ha perdido el control de la economía, de las empresas públicas y de los puntos neurálgicos de mercado interno y de control económico, es lógico que haya perdido también el control de la seguridad interna, política y social.