Continúa en suspenso la situación académica de los ocho jóvenes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Azcapotzalco de la UNAM que fueron expulsados de manera provisional por estar implicados en actos de violencia.

Aunque los sancionados aceptaron la propuesta de la institución del viernes pasado, de conmutar la expulsión provisional por una sanción temporal, las diferencias se presentaron sobre el tiempo que serían inhabilitados, lo cual se discutirá nuevamente este día.

Luego de una prolongada asamblea efectuada ayer, el desacuerdo se dio ante el planteamiento del director del CCH, Andrés Hernández, quien propuso que dos de los ocho ceceacheros sólo fueran amonestados, debido a que son alumnos regulares, no deben materias y tienen buenos promedios, y suspender al resto un año.

Si bien el grupo que defiende a los alumnos –integrado por estudiantes, trabajadores y profesores de la UNAM– aceptó que Julieta Soloria Aguilar y Érika Escamilla Ángeles fueran sólo amonestadas por los hechos del pasado 23 de abril en el CCH Azcapotzalco, también manifestó su desacuerdo con la suspensión por un año de los demás.

Exhortaron a las autoridades del CCH a revalorar su posición, pues sentimos que endurecieron mucho su actitud. Durante toda la reunión se habló de una sanción mínima, de entre cuatro semanas y seis meses, y después la cambiaron a un año. Advirtieron que sólo aceptarán, como máximo, una sanción semestral para Leobardo Hernández, Ángel Portillo, Iván Robles, Alejandro Mosqueda, Jair Juárez y Norma Chávez.

En tanto, Rito Terán, director general del CCH, consideró que en la reunión de ayer se lograron avances importantes. Indicó que la sanción corresponde a lo que marca el estatuto universitario, aunque dejó abierta la posibilidad de que el castigo sea sólo de seis meses.