Dirigentes y legisladores del PRD y del Partido Social Demócrata (PSD) afirmaron ayer que el gobierno de Felipe Calderón violentó las constituciones federal y de Michoacán con el operativo que realizó el pasado martes en esa entidad, y señalaron el uso faccioso y selectivo que el Ejecutivo imprime a la guerra contra el narcotráfico.

Al contrario, el dirigente del PAN, Germán Martínez, defendió el operativo policiaco-militar, al señalar que no fue ilegal ni tuvo un sesgo partidista. La medida demuestra que hay un presidente decidido a dar la batalla de manera frontal y valiente contra la delincuencia, subrayó.

De gira por Veracruz, agregó que se aplicó un operativo de seguridad nacional y no partidista. Prueba de ello es la detención del alcalde de Uruapan, el panista Antonio González Rodríguez. Por lo demás, consideró que este mecanismo podría repetirse en otras zonas, por lo que recomendó a gobernadores y alcaldes poner sus barbas a remojar.

Por su lado, el perredista Javier González Garza, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, criticó que el gobierno federal no haya notificado de las acciones a la administración estatal, y acusó al presidente Felipe Calderón Hinojosa de emprender el gravísimo camino de dividir al país, al utilizar el combate a la delincuencia con fines electorales.

El legislador manifestó que cualquier persona involucrada con el narcotráfico, en actos de corrupción, impunidad o delincuencia organizada, debe ser investigada a fondo y, en su caso, responder ante la ley. Pero no se puede, aclaró, jugar con la seguridad a cambio de sacar ventaja electoral. Es peligrosísimo lo que Calderón viene haciendo en este sentido.

Añadió que “el operativo de Michoacán nos dice perfectamente que si no estás con Calderón, estás en su contra. Lo peor es que irresponsablemente utiliza el proceso electoral para ganar adeptos para su partido, esto es absolutamente bajo y empata perfectamente con el promocional de la atleta Iridia Salazar, quien por cierto ya vio nacer a su hijo, argumentando que su voto será para ayudar al Presidente. Esto que estamos viviendo terminará por dividir irremediablemente a nuestro país”.

Alfonso Suárez del Real, abogado y presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores, puntualizó que tanto la Constitución federal como la de Michoacán establecen que el Ejecutivo nacional tuvo la obligación de informar al gobernador de la entidad de la existencia de condiciones que pongan en riesgo la tranquilidad y el beneficio de los 10 ayuntamientos afectados.

Con la determinación calderonista, dijo, se suspenden de facto las garantías en esos 10 municipios y se impone un estado de excepción, al explicar que el artículo 115 de la Constitución señala que sólo las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.

Al confrontar tal postulado con el artículo 44 de la Constitución de Michoacán, refirió que se encuentra una clara similitud. Ahora la cuestión es puntual: en esos 10 municipios, quién es la autoridad en estos momentos, porque un presidente municipal no tiene suplente, preguntó el legislador.

El vicepresidente del PSD, Luciano Pascoe Rippey, señaló que la operación federal en Michoacán sólo pone en evidencia el uso faccioso y selectivo que el gobierno de Felipe Calderón imprime a su cuestionada guerra contra el narcotráfico.

En el Senado, el PRD cuestionó la forma como se desarrolló el operativo.No podemos aceptar los modos y las formas; no es aceptable ni política ni legalmente, porque ha habido una actitud de colaboración del mandatario estatal con el Ejército, con la Procuraduría General de la República, con la Secretaría de Seguridad Pública y con el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), incluso con el informe que Leonel Godoy entregó al titular de la Defensa Nacional.

Carlos Navarrete, coordinador de los senadores perredistas, reveló por otra parte que desde antes de tomar posesión como gobernador de Michoacán, Leonel Godoy en su calidad de mandatario electo entregó al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, un informe pormenorizado con nombres y apellidos, y los municipios con alcaldes de todos los partidos políticos presuntamente involucrados y amenazados por el narco.

Mientras, el presidente consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, dijo que establecerá comunicación tanto con el Ejecutivo federal como con el gobierno de Michoacán, con el propósito de garantizar la seguridad del personal del organismo, de sus capacitadores, de los funcionarios de casilla y de la jornada electoral.