La representación diplomática del gobierno mexicano en Colombia dio su aval, el 27 de mayo de 2008, para que el profesor colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas –expulsado del país el viernes pasado– ingresara legalmente a México.

La cónsul mexicana en Bogotá, Reyna Dalia Meléndez Salgado, asentó en la forma migratoria FM3-2077691 (de la que se tiene copia) que el colombiano –ahora acusado por el gobierno de Álvaro Uribe de tener vínculos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)– tenía autorización para realizar trámites ante el Instituto Nacional de Migración (INM) para hacer estudios posdoctorales en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Dicho documento lo facultaba para permanecer en el país 90 días en calidad de no inmigrante visitante sin actividades lucrativas con base en el artículo 42, fracción tercera de la Ley General de Población, a fin de que realizara en México los trámites para obtener una visa de estudiante.

De acuerdo con la solicitud 3-12687 presentada ante el INM el 7 de agosto del año pasado, el colombiano siguió correctamente los requerimientos de la ley nacional para recibir la visa; sin embargo, hasta el momento de su expulsión, las autoridades migratorias mexicanas no le habían dado respuesta.

Los gobiernos de México y Colombia avalaron el ingreso y salida, respectivamente, de Beltrán Villegas tres meses después del bombardeo del ejército colombiano contra un campamento que las FARC mantenían en Ecuador –en el que murió Raúl Reyes–, sitio en el que se halló la computadora personal del líder rebelde, y en cuyos archivos, de acuerdo con la administración de Uribe, se revela la presunta relación de Beltrán con la guerrilla de su país.

En el blog creado por el Comité para la Liberación de Miguel Ángel Beltrán Villegas se publicó el testimonio de éste sobre su expulsión, en el que denuncia que las autoridades migratorias mexicanas lo obligaron a firmar un oficio con información falsa con la amenaza que de no hacerlo su trámite se interrumpiría; amén de que argumentaron que no había aportado pruebas que respaldaran su condición económica, pese a que durante sus trámites Beltrán presentó ante el INM la resolución 929 de la Universidad Nacional de Colombia en la que se asienta que esa institución asignaría el salario mensual del profesor mientras estuviera en estancia posdoctoral.

“Una vez firmado el oficio una funcionaria del INM me dijo que yo estaba ilegal y aparecieron varios hombres que me inmovilizaron. Se acercaron varios funcionarios de inmigración y a la fuerza me llevaron hasta una camioneta estacionada en la puerta. En ningún momento se me informó de los motivos de mi captura ni hacia dónde me conducían. Durante todo el trayecto se me colocó de rodillas con el rostro pegado al asiento.

Me cubrieron el rostro con una chamarra mientras me presionaban el cuello, lo que me causó lesiones en la región cervical y en hombros. Por la postura, por momentos sentí que me asfixiaba. Fue tal la presión que vomité. Además de los guardias, en la camioneta viajaban una delegada del INM y un médico, a quien solicité ayuda porque me sentía ahogado. Tanto la funcionaria como el doctor fueron indiferentes frente a la tortura y el maltrato que recibí.

En tanto, Daniel Inclán, del grupo de estudiantes de posgrado de la UNAM que se han solidarizado con Beltrán, informó que hoy se realizará una manifestación ante la embajada de Colombia en México, además de que el 5 de junio se llevará a cabo en la máxima casa de estudios un foro para criticar la manera en que México ha abandonado su tradición de dar asilo a extranjeros.