El área de enlace legislativo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha obstruido el trabajo de expertos en el caso de la contaminación ambiental provocada por la minera Natividad y Anexas, ubicada en Capulalpan de Méndez, Oaxaca, donde comunidades indígenas han sido afectadas.

Esto lo señalaron los diputados Carlos Roberto Martínez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Diego Cobo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, quienes también han presentado denuncias de hechos ante las procuradurías Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y General de la República (PGR), en las cuales acreditan la contaminación de suelo y agua con metales pesados, así como la disposición inadecuada de bifénilos policlorados, químicos persistentes y bioacumulables.

Todo esto, indicaron, sería razón suficiente para que la autoridad clausurara temporalmente la mina.

Informaron que la comisión autorizó la erogación de recursos para realizar un viaje a aquella empresa en compañía de especialistas, con el fin de realizar un muestreo en la zona por la contaminación, por lo que solicitaron el apoyo al Instituto Nacional de Ecología y al Centro Nacional de Investigaciones y Capacitación Ambiental, el cual está especializado en polución de suelo, agua y vegetación.

Detallaron también que pese a que los titulares de los organismos desconcentrados de la Semarnat manifestaron disposición para realizar dicha actividad, la oficina de enlace legislativo obstaculizó el viaje de los peritos especializados y hasta el momento la comisión no ha recibido respuesta de manera oficial.

La comisión legislativa considera que es necesario llevar a cabo muestreos en los sitios contaminados por las actividades mineras, por lo que se dio a la tarea de contactar a los especialistas de la Semarnat. El resultado del muestreo sería integrado a la denuncia radicada en la PGR, dijeron.

Por ello, los legisladores expresaron preocupación por la actuación obstructiva de la oficina de enlace legislativo.