La captura de Rafael Cedeño Hernández, El Cede, en abril pasado, fue clave para que el gobierno federal actuara contra alcaldes, policías y funcionarios del gobierno de Michoacán, y se conocieran los presuntos vínculos de los detenidos con miembros del cártel de La Familia, revelaron fuentes de alto nivel de la Procuraduría General de la República (PGR).

En los interrogatorios a que han sido sometidos los 29 servidores públicos ahora presos, entre ellos diez alcaldes, se les ha preguntado sobre sus vínculos con Nazario Moreno, El Chayo, José de Jesús El Chango Méndez Vargas, y en particular a Citlalli Fernández González, asesora del gobernador Leonel Godoy, sobre una presunta relación sentimental con Dionicio Loya Plancarte, El Tío, quien es considerado por las autoridades federales el vocero de La Familia, indicaron los funcionarios entrevistados.

En ese contexto, la procuraduría señaló que no tiene ninguna investigación ni señalamiento que involucre con la delincuencia organizada a los diputados federales José Ascensión Orihuela (PRI) y el perredista Antonio Soto, luego de que se difundiera que un supuesto reporte de inteligencia –que forma parte de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/398/2008, iniciada por delitos contra la salud– los mencionó como parte de la estructura de protección del cártel que dirigen Nazario Moreno y José de Jesús Méndez.

De acuerdo con las fuentes consultadas, si bien el inicio oficial de toda la investigación michoacana fue en diciembre de 2008, la PGR utilizó los informes sobre los atentados del 15 de septiembre del mismo año, que elaboraron organismos de inteligencia militares y civiles, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Centro Nacional de Análisis, Planeación e Información (Cenapi).

La indagatoria de los granadazos de Morelia aportó elementos de supuestas vinculaciones entre policías y narcotraficantes, y se consideró que esa acción del crimen organizado constituyó un reto al poder gubernamental. Sin embargo, según los funcionarios consultados, fue hasta el 19 de abril de este año que tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la PGR habrían obtenido las confesiones ministeriales que sirvieron para detener a los alcaldes y 19 servidores públicos de Michoacán.

La información recabada señala que, luego de los atentados en Morelia –que dejaron nueve muertos y más de 130 heridos–, las autoridades federales recibieron decenas de reportes ciudadanos sobre presuntos vínculos entre autoridades y miembros de La Familia, que sirvieron para dirigir operaciones de infiltración y seguimiento.

El 18 de abril, en Morelia, agentes de la policía federal detuvieron a 44 personas, entre ellas Rafael Cedeño Hernández, a quien la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal identificó como presunto jefe de la región de Lázaro Cárdenas, que comprende los municipios de Arteaga, La Mira y Guacamayas, y en el estado de Guerrero, los de Teniente José Azueta, La Unión, Coahuayutla y Petacalco.

En esa fecha, la policía federal desplegó a 400 elementos de las áreas de Inteligencia, Investigación y de Operaciones Especiales, se utilizó un avión 727, dos helicópteros Black Hawk y dos vehículos blindados para operaciones especiales, en las inmediaciones de un centro social en la ciudad de Morelia, donde Cedeño Hernández llevaría a cabo un evento familiar.

Durante esas detenciones se aseguraron ocho vehículos; en uno de ellos, según las fuentes consultadas, se encontró la narcolista en la que aparecen más de 60 nombres de supuestos funcionarios públicos que recibían cantidades que iban desde 20 mil hasta 200 mil pesos al mes por dejar trabajar a La Familia en distintos municipios.

La importancia de la información obtenida después de la captura de El Cede radicó en que supuestamente la PGR cuenta con elementos indiciarios sólidos de la responsabilidad de los 29 detenidos en delitos que van desde la omisión hasta la colaboración directa u operativa para fomentar el trasiego de drogas en Michoacán.

Durante la noche de este jueves surgieron versiones en el sentido de que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) había girado 36 nuevas órdenes de localización y presentación contra funcionarios públicos de Michoacán sin embargo, Ricardo Nájera, vocero de la PGR, negó la especie.