l próximo lunes se cumplen 103 años de la represión patronal y gubernamental contra la primera huelga de la historia de México, la de los mineros de Cananea, en el régimen porfirista. Por distintas razones es considerada por los historiadores como la chispa que incendió la revolución social de 1910. En un documentado análisis de coyuntura publicado en febrero de 2007, desde la perspectiva de los derechos humanos, y cuyo título es A cien años de Cananea: el protagonismo minero bajo el acoso del Estado mexicano, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) afirma que a diez décadas de distancia los trabajadores mineros no dejan de reivindicar sus derechos y de movilizarse en su defensa, porque la actividad minera –ancestral en la vida económico-laboral del país–, no deja de enriquecer a unos pocos propietarios, que lejos de compartir las ganancias desprecian a los trabajadores que las multiplican; y porque el poder empresarial sigue manteniendo como principal aliado al poder político.

En el 12 Informe de Violaciones a los Derechos Humanos Laborales en México, de 2008, que el Cereal presentó hace unas semanas, expresa que la creciente preocupación por el deterioro de las condiciones de vida y de organización de los trabajadores mineros –que paradójicamente revelaban situaciones cada vez más inseguras, precarias e injustas en un ciclo de signos alentadores para la minería mexicana– fue lo que llevó a elaborar con urgencia aquel informe sobre las violaciones a los derechos humanos laborales de los trabajadores de ese sector durante 2006. Expresa, sin embargo, que 2008 confirmó algunas de esas preocupaciones y el entorno en que se dan. Entre ellas menciona la prolongación de la conflictividad obrero-patronal focalizada, y afirma que la huelga en Cananea se convirtió en el epicentro del conflicto minero. Todo mundo recuerda que el 30 de julio de 2007 los mineros declararon la huelga por violaciones graves al contrato colectivo de trabajo, y que la empresa Grupo México –nominalmente de Germán Larrea– obtuvo sin problemas en cuatro ocasiones laudos consecutivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), que declaraban inexistente el movimiento, así como que en todas esas ocasiones la justicia federal amparó a los trabajadores.

Se sabe igualmente que el 5 de marzo de este año la empresa obtuvo de la Secretaría de Economía una inspección, según los trabajadores amañada, a cargo de la Dirección General de Minas, para verificar las condiciones de la mina. En un solo día, el 20 de marzo, esa dependencia produjo una resolución, la notificó a la empresa y ésta presentó una demanda ante la JFCA, la cual la admitió y fijó para el 14 de abril una audiencia. Como escribió Arnaldo Córdova en estas mismas páginas el 26 de abril, “los mineros dieron demostraciones a la prensa que quiso asistir de que la maquinaria y las instalaciones de la mina estaban en perfectas condiciones de funcionamiento, y que la ‘inspección’ era una farsa”. Pasada la medianoche del 26, la JFCA falló una vez más en favor del Grupo México, dando ahora por concluidas las relaciones laborales con los mil 200 trabajadores de la mina, quienes, por cierto, se encuentran en paro desde hace casi 22 meses, sentenciando a la empresa a indemnizarlos con tres meses de salario, más la prima de antigüedad, consistente en 12 días de salario por cada año de servicios prestados.

Como en las anteriores ocasiones, el 27 de abril se informó que el juez segundo de distrito en materia laboral en el Distrito Federal falló en favor de los mineros de Cananea, y con base en dos amparos determinó conceder la suspensión definitiva contra el laudo que pretendía dar por terminadas las relaciones laborales y contractuales entre la empresa minera Cananea y los trabajadores, por lo que éstos no deberán ser desalojados de las instalaciones y podrán continuar su huelga legal. Queda pendiente para los próximos días en un tercer colegiado la resolución de otro amparo en contra de la anulación del contrato colectivo, pero no deja de llamar la atención el hecho de que el 15 de mayo el apoderado legal del sindicato haya informado a la prensa que la JFCA había notificado la pérdida del expediente que integra el proceso legal derivado del conflicto en la mina de Cananea, Sonora, lo que consideró como otra estrategia para retardar el proceso.

Todo esto pone en evidencia la falta de implementación en el país de medidas estructurales para garantizar el respeto y la protección de los derechos laborales como derechos humanos, así como la puesta congruente al día de las autoridades, instituciones y legislación del trabajo para alcanzar una mediación justa entre los factores de la producción, en congruencia con los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos aprobados por México. Pone sobre todo en evidencia la importancia de la resistencia obrera para no admitir medidas regresivas en los cambios a la legislación laboral, y la necesidad de crear un instituto con personalidad jurídica y patrimonio propios, con independencia y autonomía para llevar el registro de organizaciones y contratos colectivos, así como la integración de la justicia laboral en el Poder Judicial.

Entretanto, el gobierno mexicano ha sido cuestionado por múltiples organismos internacionales de derechos humanos y de trabajadores, intergubernamentales y no gubernamentales, por su saña contra de los mineros. La lista es larga y sigue creciendo.