La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo autorización de un juez federal para arraigar durante 40 días a 10 alcaldes y 20 ex funcionarios del gobierno de Michoacán, ya que existen indicios sólidos de responsabilidad penal en delitos contra la salud y delincuencia organizada, por sus presuntos vínculos con los cárteles de La Familia, Los Valencia y el grupo Golfo–Zetas, según la información dada a conocer por Eduardo Medina Mora, titular de la dependencia.

En conferencia de prensa realizada al mediodía en la sede de la PGR, el funcionario federal afirmó que en el caso Michoacán no hubo ningún tipo de cálculo político y que se actuó bajo la propia lógica de las averiguaciones previas, es decir, cuando se tiene elementos para ello.

Sin embargo, en Morelia, el gobernador Leonel Godoy consideró que se presta a sospechosismo que el arraigo de 40 días concluya el 9 de julio, cuatro días después de las elecciones federales, y enfatizó que no se vale dar a este asunto tintes electorales.

Amenaza con imponer controversia

Asimismo, el mandatario perredista exigió castigo para quienes ordenaron la entrada de fuerzas federales al palacio de gobierno y una disculpa pública del procurador general de la República porque, de lo contrario, podría presentar una controversia constitucional, aunque nosotros también tenemos la facultad de investigar, dijo.

Entrevistado después de que anunciara un programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, el mandatario estatal hizo hincapié en la forma en que el gobierno federal viene manejando el combate al crimen organizado, con acciones que son respetables, a excepción de la violación flagrante a la soberanía del estado, con la incursión de policías federales a palacio de gobierno, el pasado 26 de mayo.

En tanto, el titular de la PGR negó que se haya violado la ley con el ingreso a la sede del gobierno michoacano para aprehender a Juan Gaona Gómez, jefe de agentes de la Dirección de Gobernación estatal. “No se trató de un cateo, que obviamente requiere autorización de un juez federal, sino de la ejecución de una orden de búsqueda, localización y presentación ante el Ministerio Público Federal, el cual no estaba obligado a recabar autorización alguna de autoridades estatal, municipal o judicial (…) No se violentó el estado de derecho o disposición constitucional alguna, ni de la general de la República ni de la particular del estado”, afirmó.

También reiteró su reconocimiento y agradecimiento al gobernador de Michoacán por su disposición, por colaborar con el gobierno federal en la lucha contra la delincuencia organizada.

Tras acudir voluntariamente a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Ignacio Mendoza Jiménez, ex subprocurador de Justicia de Michoacán, fue arraigado luego de rendir su declaración ministerial, igual que los otros 29 detenidos en esa entidad.

Según Medina Mora, en la indagatoria hay elementos probatorios de diversa índole: documentales, testimoniales y de otro orden, que han generado indicios sólidos que permitieron que se libraran órdenes de localización y presentación, que posteriormente se decretara su detención y luego su arraigo por un juez federal.

Informó que a partir de las declaraciones ministeriales de los 30 detenidos, tenemos varios elementos que nos permiten fortalecer el sentido de las indagatorias y estar en posición de determinar si se ha acreditado cabalmente el cuerpo del delito y probable responsabilidad. Tenemos la convicción de que así es.

Apuntó: “desde el inicio de los operativos conjuntos en Michoacán –en diciembre de 2006– se han acopiado datos de campo”, los cuales se complementaron con la información ministerial derivada de las declaraciones de muchos miembros del crimen organizado de Michoacán que han sido detenidos, consignados, sujetos a proceso penal y, en muchos casos, recibido la sentencia condenatoria.

Reiteró que desde hace seis meses empezó esta investigación y se obtuvieron “nuevos datos e indicios sobre probables conductas delictivas de varias personas que, en virtud de su cargo público y con acciones de comisión u omisión, favorecieron las operaciones de la organización criminal conocida como La Familia”, aunque –dijo– “en algunos casos también hay indicios de vínculos con otros grupos criminales, como la organización Golfo-Zetas y el cártel de Los Valencia.

Según los datos dados a conocer, La Familia “es la organización más importante que hay en el país en cuanto a producción y trasiego de drogas sintéticas. Sólo en Michoacán se han asegurado 39 laboratorios; 19 de ellos en el municipio de Apatzingán”. Además, en la entidad se han incautado 10 mil 311 armas, de las cuales, 6 mil 453 son largas, lo que la coloca como el territorio donde se ha decomisado la mayor cantidad de ese tipo de arsenal a los grupos del crimen organizado. En Tamaulipas se han asegurado 3 mil 919 pertrechos, y en Sinaloa 3 mil 314.

Con informaciónd de Ernesto Martínez Elorriaga, corresponsal