La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) prepara un mapa de riesgo por los ataques que han sufrido defensores de garantías individuales, los cuales suman 22 en dos años en diversas entidades del país.

El presidente del organismo, Emilio Álvarez Icaza, señaló que en coordinación con diversas organizaciones –como Servicios para la Paz, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y el Centro Tlachinollan– trabajarán en la elaboración de este proyecto, pues es muy preocupante lo que sucede en estados como Guerrero y Oaxaca.

Tal es el caso del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de la primera entidad, cuyo presidente, Abel Barrera, denunció que las mismas autoridades estatales y el Ejército mexicano los han acusado de encubrir al crimen organizado, con el propósito de desvirtuar sus actividades en pro de comunidades indígenas.

“Ha habido detenciones arbitrarias, fabricación de delitos, amenazas, y el 13 de febrero dos compañeros indígenas, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, fueron detenidos de manera arbitraria por tres sujetos que se identificaron como policías; el día 20 fueron encontrados ejecutados y con huellas de tortura”, indicó.

Durante una conferencia de prensa, en la que participaron los titulares de las citadas organizaciones, Álvarez Icaza señaló que hay poderes fácticos que presionan y persiguen a los defensores de los derechos humanos. En este contexto, dijo, el Estado mexicano no cumple con su obligación de garantizar esta labor.