Empresas ferroviarias del país solicitaron un plan de rescate del gobierno federal para superar la crisis financiera por la que atraviesa la economía nacional y no verse obligadas a recortar buena parte de sus 10 mil empleados.

Concretamente solicitaron el auxilio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para acreditar el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) en el pago del impuesto sobre la renta (ISR). Se quejan de que padecen condiciones de inequidad tributaria, comparados con otros sistemas de transporte público.

Se trata, entre otras, de Kansas City Southern de México, ligada a la estadunidense Kansas City Southern Industries, una de las más grandes en su país. En 2004, junto con su socio original, Transportación Marítima Mexicana (TMM), Kansas City Southern de México recibió cerca de mil 100 millones de dólares (unos 12 mil 965.74 millones de pesos) por concepto de devolución del impuesto al valor agregado (IVA) que el gobierno federal habría cobrado indebidamente cuando privatizó el entonces llamado ferrocarril del noreste.

Otros interesados en el rescate del gobierno federal son Ferrovalle, que opera la terminal ferrocarrilera del Valle de México; Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec; Ferrocarriles Suburbanos, de la española CAF; el metro de la ciudad de México y Monterrey, así como los Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal.

Kansas City Southern de México opera la antigua ruta ferroviaria del noreste, por donde se moviliza más de dos terceras partes de la carga hacia Estados Unidos mediante ese medio de transporte. Cuenta con una participación accionaria en Ferrovalle. Por su parte, Ferrocarriles Suburbanos opera el transporte de pasajeros entre la ciudad de México y Cuautitlán, estado de México, y cuenta permiso para ampliarlo hasta Huehuetoca.

Las empresas ferroviarias de carga fueron privatizadas en la postrimería del sexenio de Ernesto Zedillo. En su petición a Hacienda argumentaron que a diferencia del transporte carretero, ellas tienen que hacerse cargo íntegramente del mantenimiento de su red de vías, con una extensión de17 mil kilómetros en conjunto.

A través de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles las empresas pretenden que se les permita acreditar el IEPS que pagan en el consumo de diesel, contra el pago del ISR, exigencia que se ha presentado desde 1997, cuando empezó la privatización de los ferrocarriles. El consumo de diesel, afirman, es su principal costo operativo, que entre enero de 2008 y mayo de 2009 aumentó 32.2 por ciento.

Pero el IEPS no petrolero, según datos de la SHCP, es de los que presentan mayor caída de enero a abril de este año, de 14.9 por ciento menos que el mismo cuatrimestre del año pasado, con 13 mil 735.6 millones de pesos; mientras el IEPS petrolero apenas se recupera del desplome por 68.3 mil millones contra lo estimado sufrido en el mismo periodo de 2008 y registra una captación de 15 mil 63 millones.