Ante la ineficiencia del gobierno mexicano y la falta del interés de los legisladores nacionales, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), con 4 mil 500 afiliados, demandó al gobierno de Estados Unidos por 6 mil millones de dólares, producto de casi 15 años de impedir que camioneros mexicanos entren a territorio estadunidense, como se pactó en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La iniciativa fue tomada por la dirigencia de la Canacar, que encabeza Jorge Cárdenas Romo, quien presentó la demanda ante el Departamento del Transporte de Estados Unidos e instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ante los que argumentó que el incumplimiento de los compromisos ha ocasionado pérdidas millonarias a los transportistas mexicanos.

El mayor reclamo de la Canacar al gobierno de México en este momento consiste en que mantenga la frontera abierta para los traileros estadunidenses, mientras a los nacionales Estados Unidos les canceló la posibilidad de entrar hace más de dos meses al retirar de forma unilateral el Programa demostrativo de transporte transfronterizo.

Desde marzo pasado, cuando los estadunidenses impidieron la entrada de los 111 camiones de las empresas mexicanas inscritas en el programa, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dejó el caso en manos de la Secretaría de Economía, la cual ha tenido a su cargo el manejo del conflicto del transporte transfronterizo desde que se puso en marcha el TLCAN en 1994.

La Canacar y sus 4 mil 500 afiliados demandaron en arbitraje, ante las instancias del TLCAN y bajo las reglas procesales de las Naciones Unidas, al gobierno de Estados Unidos a través del Departamento del Transporte.

Los daños y perjuicios ocasionados por haber mantenido cerrada la frontera estadunidense durante 15 años que lleva en vigor el TLCAN fueron estimados por la Canacar en 6 mil millones de dólares, que están siendo reclamados por los abogados Mark Maney y Pedro Ojeda Cárdenas.

La demanda de arbitraje fue anunciada por la Canacar el 3 de abril de 2008, y se promovió de manera formal a finales de abril de 2009, debido a que luego de 15 años los transportistas consideraron que las gestiones del gobierno mexicano han sido insuficientes, dicho que se fortalece con el reciente revés en contra de las 27 empresas nacionales inscritas en el Programa demostrativo de transporte que Estados Unidos canceló por decisión unilateral.