a decisión del gobierno federal de aplicar recortes a los presupuestos de diversas dependencias e instituciones como medida para enfrentar la crisis económica encendió los focos rojos en las universidades públicas.
Rectores y directores de instituciones públicas de educación superior de todo el país manifestaron de inmediato su preocupación y comenzaron el cabildeo, ante la posibilidad de que la medida pudiera alcanzarlos y afectar aún más sus ya de por sí magros presupuestos.
No es para menos. Nadie puede afirmar que la enseñanza, particularmente la superior, ha sido prioridad gubernamental en décadas recientes. Por el contrario, el sector es uno de los más castigados por las recurrentes –por no decir casi permanentes– crisis económicas sufridas por el país, y las universidades públicas, una y otra vez, han tenido que pagar los costos.
La mayoría con enormes carencias y otras de manera casi heroica, las universidades públicas realizan sus tareas sustantivas de enseñanza, investigación y extensión. Ante una demanda estudiantil creciente, que incluso amenaza con desbordar el sistema en su conjunto, también cumplen con su responsabilidad social de dar cabida al mayor número de alumnos posible, en más de un caso hasta el límite de su capacidad instalada.
No sólo eso. Mediante su trabajo cotidiano, esas instituciones otorgan al país un elemento fundamental que, no obstante, pareciera ser poco valorado o simplemente desconocido por los gobiernos: estabilidad social, la cual se traduce finalmente en factor de gobernabilidad.
Apenas el jueves pasado, unos 40 rectores se reunieron en privado con el todavía nuevo titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a quien, entre otras cosas, alertaron sobre los enormes riesgos sociales que podría acarrear el que las instituciones de enseñanza superior no cuenten con los recursos suficientes para llevar a cabo sus tareas.
Dijeron, con absoluta razón, que la estabilidad de sus universidades es factor de gobernabilidad en el país, y advirtieron que si la aportación que éstas hacen no se corresponde con financiamiento, se corre el riesgo de la descomposición social
.
Al día siguiente, reunidos en la 18 asamblea extraordinaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, los rectores insistieron en que un recorte a los presupuestos significaría llevar a éstas a un callejón sin salida
, y demandaron que la SEP garantice que no se tocarán los recursos ya establecidos.
De acuerdo con las notas periodísticas, hubo algún rector que inclusive dijo que las autoridades gubernamentales tendrían que entender que no es conveniente despertar al león dormido
. Los universitarios, habría dicho, seguimos siendo respetuosos, porque queremos a este país y confiamos en que los gobiernos son nuestros aliados
.
En ninguna de las dos reuniones los rectores pudieron obtener de su contraparte más que el tibio ofrecimiento de interceder ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para intentar evitar un eventual recorte. Esto con la premisa de que no existe compromiso de la autoridad hacendaria para exentar a las universidades públicas de los ajustes.
Lejos de quedar satisfechos, los rectores admiten estar preocupados por la bomba de tiempo
que se cierne no sólo sobre las instituciones de enseñanza superior, sino que amenaza, sin duda, la estabilidad del país. Y no es retórica.
El panorama económico, político y social en México es preocupante y este año será extraordinariamente complejo. La contracción en los precios del petróleo, los terribles costos que ha implicado la lucha contra el crimen organizado, la emergencia sanitaria y la caída del producto interno bruto son factores económicos que efectivamente obligan al gobierno a reorientar el gasto público.
Pero el gobierno calderonista deberá pensar dos veces antes de meter mano a los dineros ya aprobados para las universidades. En estos momentos de crisis parecería un despropósito y sería otra muestra clara de falta de sensibilidad política.
Las voces de los rectores son dignas de escucharse y atenderse. De tanto que son repetidas, sus demandas parecieran carecer de sentido. No es así. La falta de ciencia en México para enfrentar contingencias como la del virus de la influenza representó una dolorosa lección para los gobiernos que desoyeron las recomendaciones de invertir en investigación y desarrollo.
Las universidades hacen bien en encender los focos rojos y hacer sonar sus alarmas. El riesgo de un brote desestabilizador en cualquiera de ellas es real. No es exageración. Las universidades son caldo de cultivo, y las condiciones económicas, políticas y sociales del país lamentablemente parecen estar dadas.
