Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la revisión de las reformas electorales realizadas en varios estados del país, las cuales necesariamente se contrastan con la reforma constitucional de 2007, valdría mucho la pena que una vez concluida la revisión de los asuntos, el Congreso analizara las conclusiones y llevará a cabo las correcciones necesarias con miras a la elección presidencial de 2012.

Así lo afirmó el ministro José Ramón Cossío Díaz en entrevista con La Jornada, y añadió que el Poder Legislativo federal está a tiempo de identificar problemas y proponer soluciones en materia electoral. Corregir errores y tratar de construir un sistema más sólido y que tenga más capacidad de soportar una elección que, desde hoy, será muy competida, indica.

Lo más malo es mantener un sistema en el que la SCJN ha dicho que hay ciertas normas que son inconstitucionales.

Destacó que las legislaciones locales electorales están más avanzadas que la federal, toda vez que ésta aún no le ha entrado a la corrección de problemas particulares, como el transfuguismo político, impedir que haya demagogia en las campañas políticas y dar a los institutos electorales locales más atribuciones para regular la vida interna de los partidos.

Es decir, subraya, problemas que la sociedad detecta y que los congresos locales tratan de resolver.

Comentó que la SCJN tiene pendientes 22 acciones de inconstitucionalidad que tienen que ver con reformas electorales en otros tantos estados, además de que posiblemente conocerá los amparos presentados por empresarios e intelectuales en contra de la reforma constitucional en la materia, de noviembre de 2007.

–Pareciera que las legislaciones locales están más avanzadas que la ley electoral federal –se le comentó.

–Yo pienso que sí, a escala local se detectan esos problemas. A escala federal, después de la reforma de segunda generación, la tercera fue la reforma en materia de radio y televisión para determinar las condiciones de equidad de la contienda, evitar las campañas difamatorias, etcétera.

Pero esa precisión y esa puntualidad que empieza uno a observar en la legislación de los estados, el legislador federal aún no la ha aprovechado para la corrección de los problemas particulares.

–Con las recientes discusiones de la SCJN sobre temas electorales, ¿podemos decir que hay vacíos jurídicos en la legislación federal?

–La reforma al artículo 41 constitucional (que prohíbe a los partidos políticos y a ciudadanos en lo general contratar tiempos para campañas en radio y televisión) es muy compleja.

“Se pusieron muchas cosas en el artículo 41 constitucional, que regula todo el sistema electoral. Se pusieron muchas cosas en el 116 constitucional y la forma de conjuntar los dos; hay que hacer una interpretación armónica que no es fácil.

“No queda claro si el IFE sólo se va a referir a radio y televisión o también va a sancionar conductas de los partidos o de los funcionarios. A escala local, ¿quién va a sancionar los temas de campañas difamatorias?, etcétera; creo que hay temas bien complicados.

“La SCJN ha decidido que al IFE le corresponde la regulación de las campañas electorales y los promocionales en radio y televisión; el resto de las campañas locales le corresponde a los estados.

Antes no se habían planteado estos temas, que pueden tener afectaciones a derechos tan importantes como los de expresión, de asociación, como la prohibición de que el Estado intervenga de manera irracional en la vida interna de los partidos, es decir, hay que ir construyendo este nuevo tejido.

–Ante un Congreso que se prevé que cada vez esté más atomizado, ¿quién tendrá que restructurar lo que está pendiente en materia electoral? ¿La Corte?

–Yo creo que no. La materia prima sobre la cual trabajamos le corresponde al legislador, sobre eso es que trabajamos

–Con miras a la elección presidencial de 2012, ¿en qué puntos el legislador habría que afinar o ponerle atención?

–Valdría mucho la pena que después de que la Corte resuelva las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, hubiera un análisis en conjunto de qué si es y qué no es constitucional, para que sobre eso se pudiera reformular o repensar el propio sistema.

Lo más malo es mantener un sistema en el que la Corte ha dicho que hay ciertas normas que son inconstitucionales, finalizó el ministro.