Oaxaca, Oax., 2 de junio. El Ejército Popular Revolucionario (EPR) sostuvo que los crímenes de lesa humanidad, como lo es la detención-desaparición forzada, cuando son ejecutados de manera sistemática por un gobierno se convierte en política de Estado. Eso ha estado sucediendo en el país y es parte del proceso de involución democrática que se vive con la llegada del panismo al gobierno federal, agregó.

En el número 117 de El Insurgente, su órgano de análisis y difusión, el grupo armado sostuvo que la detención-desaparición forzada de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrida el 25 de mayo de 2007 en esta ciudad, es un crimen de lesa humanidad y el gobierno de (Felipe) Calderón la utiliza como una política de Estado ante la falta de legitimidad por haber llegado a Los Pinos producto de un proceso fraudulento e impuesto finalmente con el respaldo del Ejército Mexicano y los cuerpos policiacos.

“La detención-desaparición de nuestros compañeros –señaló–, no es un asunto menor, es un problema nacional que abarca a los diferentes sectores de la sociedad que han manifestado de manera diferente su inconformidad con las políticas de este gobierno. Es un crimen de lesa humanidad que gobiernos priístas y panistas han impulsado en diferentes momentos como política de Estado.”

Destacó que si en mayo de 2007 “quedó al descubierto la campaña de contrainsurgencia contra los luchadores sociales y las organizaciones del pueblo que lucha fuera de las estructuras corporativizantes, en el transcurso de estos años se ha ido comprobando la existencia de grupos paramilitares estructurados y dirigidos en su operatividad por las corporaciones policiaco-militares encargados de ‘levantones’ y desapariciones para no manchar’ el nombre y el uniforme de las fuerzas armadas”.

El Ejército no ha aprendido a detener-desaparecer y a asesinar, esto siempre lo ha hecho; la diferencia estriba en que hoy lo hace con todo el aval del jefe del Ejecutivo, quien busca legalizar jurídicamente las atrocidades que cometen las fuerzas represivas, agregó.

Resaltó que en el actual contexto del país, donde todo el esfuerzo del gobierno calderonista, el panismo y sus legisladores profascistas, así como la exigencia de la oligarquía autoinvestida como sociedad civil, exigen la implantación de un Estado policíaco-militar, el pueblo organizado, sus organizaciones y los luchadores sociales corren un grave peligro, la política de criminalizar la pobreza y el descontento social está encaminado a difundir e imponer el terror de Estado.

A todos los detenidos-desaparecidos, a nuestros camaradas estén donde estén, en las condiciones que los mantienen, tengan la plena seguridad que seguiremos luchando por su presentación a la vez que construimos y avanzamos en el cumplimiento de las tareas que conduzcan a la nueva revolución que apremia nuestro pueblo.