El Partido Revolucionario Institucional cuestionó la conducta del gobierno de Felipe Calderón, al que acusó de abusar de los arraigos y de manipular el proceso electoral con los operativos policiacos que han culminado con la detención de funcionarios públicos de los gobiernos estatales.

En la Cámara de Diputados, el priísta César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia, señaló que por la tardanza en que incurrió el Ejecutivo federal al publicar en mayo pasado el decreto que faculta al Congreso para legislar en materia de secuestro, la ley en la materia se discutirá y diseñará hasta la 61 Legislatura.

A su vez, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, manifestó que hay preocupación en el Congreso porque el gobierno de Calderón abusa del arraigo, una figura de buena fe, que costó mucho trabajo dársela al Ejecutivo.

Advirtió que las próximas detenciones de presuntos involucrados con el narco deben ser acompañadas de consignaciones directas ante el Ministerio Público porque, de no ser así, “se estará lastimando esta figura –el arraigo–, que fue elemental y que nunca se la habíamos dado a otro gobierno. Utilizarla políticamente va en contra del Estado mexicano”.

También se refirió a lo dicho por el Presidente el pasado martes, de que los gobiernos del pasado fueron los que fomentaron el narcotráfico y la corrupción. Sobre ello, Beltrones señaló que sería bueno que hubiese la precisión debida en cualquier palabra presidencial, y si tiene algo que recriminarle a alguno de ellos, como a Vicente Fox, todavía lo tiene a la mano.

En el mismo sentido, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, sostuvo que cuando Calderón asumió la Presidencia “había un desbordamiento de los cárteles de la droga. No obstante, varios de los funcionarios que estaban en el combate al narcotráfico en el sexenio pasado tienen cargos en la actual administración”.

Por separado, Manuel Ángel Núñez Soto, ex gobernador de Hidalgo y delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor en Nuevo León, aseguró que todos los operativos que en este momento lleva a cabo el gobierno tienen tinte electoral y van paralelos a la estrategia del PAN para tratar de obtener votos.

En conferencia de prensa, Núñez Soto destacó que en el caso de Nuevo León, las administraciones panistas dejaron enraizado el problema del narcotráfico en la entidad. El hecho de tener a gente para que sea presentada y que obedezca a una investigación (como es el caso de Michoacán) implica en muchos de los casos que presenten información adicional si tienen responsabilidades, o se les arraiga o se les consigna; si no la tienen, se les libera, como ha estado ocurriendo ya también en el caso de Nuevo León.

A su vez, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, advirtió que existe una peligrosa tendencia a construir un discurso que justifique una fórmula de disminuir derechos a cambio de seguridad. Hay signos peligrosos de entender que los derechos humanos estorban en la lucha contra la delincuencia y eso es un grave error. Consideró que las nuevas facultades otorgadas a la policía ministerial deberán ejercerse con mucha responsabilidad para no llegar al punto en que se combata la delincuencia con prácticas delictivas.

De otra parte, se informó que la dirigencia nacional del PRI presentó ayer ante la PGR una denuncia en contra del candidato panista a la alcaldía de Monterrey, Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, por presuntas irregularidades en su declaración patrimonial.

El tricolor señala que existen documentos que muestran la participación del candidato en el acta constitutiva de la empresa Construction Practices of Texas Inc., en la que aparece como socio con Guillermo Sahagún, presunto familiar de Marta Sahagún, y José Kalach, hermano del diseñador de la Megabiblioteca José Vasconcelos, entre otros.