Morelia, Mich., 3 de junio. La administración de Felipe Calderón y su partido, el PAN, utilizan la lucha contra el crimen organizado con fines político-electorales, afirma el gobernador Leonel Godoy Rangel; por eso reclama que el combate a la delincuencia debe ser política de Estado, no una posición facciosa del gobierno.

Con esos propósitos electoreros, agrega, mediáticamente se ha tratado de imponer un modelo a conveniencia de los panistas, en el que los triunfos son para el gobierno federal y las complicidades de estados y municipios.

El mandatario expresa su preocupación por la escasa atención que el gobierno federal ha prestado a las propuestas planteadas en varios foros, incluido el Consejo Nacional de Seguridad Pública, acerca de elaborar una política integral para el combate a la delincuencia, con programas contra la pobreza, la generación de empleos y el desarrollo regional, que generen condiciones para la inversión en Michoacán y en todo el país.

Godoy sostiene: no podemos permitir que nos impongan como único tema de la agenda nacional el combate a la delincuencia y el uso de la fuerza pública para lograrlo. Y se pregunta: ¿Y el desempleo?, ¿y el combate a la pobreza? ¿y la situación de crisis económica?

Acerca del operativo realizado en Michoacán el 26 de mayo y la detención inicial de 10 alcaldes y 18 funcionarios estatales y municipales, subraya que a pesar de que la Federación tiene facultades para decidir una acción de esa naturaleza, en este caso incumplió acuerdos. No nos informaron, y eso nos trajo desprestigio político; no sólo para mí, sino también para el partido (PRD) al que pertenezco.

En entrevista con La Jornada, Godoy reitera que no se respetó el pacto federal, se atentó contra la soberanía de Michoacán con la irrupción violenta e ilegal en palacio de gobierno y se violaron derechos y garantías de las personas capturadas.

Sostiene que a la mayoría no le presentaron copia de la orden de presentación o localización expedida por el Ministerio Público, y revela que en la reunión que sostuvo con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en Morelia, un día después del operativo, éste no hizo comentario alguno sobre las pruebas que la Procuraduría General de la República dice tener sobre los detenidos.

Acerca del trascendido de que él, como gobernador electo, informó a Felipe Calderón y al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Guillermo Galván, de una presunta reunión de alcaldes michoacanos con capos de la mafia, aclara que fue Lázaro Cárdenas Batel quien compartió esa información y después ambos se lo comunicaron.

Caso sospechoso

–Llama la atención que si existe una investigación de más de seis meses, según versión oficial, se recurra al arraigo de todos los detenidos y no a solicitar órdenes de aprehensión a un juez.

–¡Sí, de un arraigo que justo termina cuatro días después de la elección! Por eso decimos que es muy sospechoso y exigimos que la investigación concluya ya, no después de los comicios. Si todos son responsables, que se les castigue severamente; pero que se reivindique la imagen de los que son inocentes, porque ahora, ante la opinión pública, todos son señalados de pertenecer a una red de complicidades con el crimen organizado.

“Si se comprueba su culpabilidad, que los castiguen, porque debe quedar claro que el gobierno de Michoacán no va a solapar a los malos servidores públicos. Así lo hemos dicho incluso a la militancia perredista en el estado: los fines del crimen organizado son incompatibles con el proyecto de izquierda que representamos, y no podemos traicionar ni deshonrar la memoria de nuestros muertos.

Otro tema en el que nos mantendremos firmes es el de la violación a la soberanía del estado por el ingreso de efectivos a palacio de gobierno. ¡Imagínese que yo hubiera estado aquí! Había guardias desarmados que fueron sometidos. Dice el procurador (Eduardo Medina Mora) que no fue así; le propongo que juntemos sus pruebas y las nuestras, porque es evidente que uno de los dos miente. ¡Que se aclare! y que sean castigados los mentirosos, porque la violación a la soberanía del estado es un litigio que mantendré hasta que se castigue a los responsables.

Si los detenidos en el operativo del 26 de mayo son responsables, que se les castigue severamente; si son inocentes, que se reivindique su imagen, exige el gobernador Leonel GodoyFoto Iván Sánchez/ La Jornada Michoacán

–¿Hay doble discurso en Los Pinos?

–Ese es el debate, el reclamo que hicimos (a Calderón) por el uso político-electoral que está dando no sólo al operativo en Michoacán sino a la lucha contra el crimen organizado. El reclamo es que debe ser una política de Estado sin tintes partidistas; el Presidente lo negó (en la reunión del Consejo de Seguridad Pública) y ratificó las palabras de Gómez Mont de que el PAN es un partido autónomo; nosotros creemos que sí se le está dando uso electorero.

–¿Distingue usted una venganza política de Calderón por la derrota electoral del PAN en los comicios locales de 2007?

–Es muy difícil para mí probar lo que motivó esto, pero veo los efectos y sin duda golpea al gobernador, a su prestigio político; golpea al PRD y puede tener efectos electorales si no se detiene. Por eso insisto en que debe castigarse a los responsables y ofrecer una disculpa pública. De esa manera se rehace la imagen del gobierno y se evita que quede el precedente de que pueden entrar en cualquier sede de un poder estatal ¡cruzados de brazos!, sin que pueda impedirse.

–¿Calderón ha dado respuesta a sus exigencias?

–Sobre el operativo en Michoacán se llegó al compromiso de que debe existir coordinación. No sé si vaya a ocurrir, pero hubo coordinación con los gobernadores de Morelos y de Nuevo León, y no existió con el de Michoacán.

–Si el PAN sigue usando el tema con propósitos electorales, ¿puede darse que los gobiernos del PRD abandonen el Sistema Nacional de Seguridad Pública?

–¡Para nada! Hemos sido claros en que también estamos en la lucha contra la delincuencia. ¡Esa tarea no es exclusiva del gobierno federal ni se vale que sólo ellos se pongan la medalla! Los gobiernos estatales y municipales de todos los orígenes partidistas están en esa lucha y coadyuvan con el gobierno federal.

“Es necesario que esto quede bien claro, porque si no parecería que también queremos darle tintes políticos. Creemos que debe haber coordinación para combatir a la delincuencia y suma de esfuerzos, porque si hay división, si no hay comunicación ni coordinación, los únicos que salen ganando son los delincuentes.

“Nos hemos cansado de decir que no se puede combatir a la delincuencia sólo con el uso de la fuerza pública. Deben utilizarse otras alternativas, como el combate a la pobreza y a las adicciones, la inversión en cultura y educación, generando fuentes de empleo y condiciones para la inversión… reivindicamos eso desde nuestro proyecto de izquierda. No se derrotará a la delincuencia sólo con el uso de la fuerza pública y violando la Constitución.”

–¿Usted presentó información a la Sedena sobre una presunta reunión entre alcaldes michoacanos y narcotraficantes?

–No fui yo quien informó sobre esa reunión, fue el gobernador que estaba en funciones. Sólo ratifiqué lo que estaba ocurriendo: que el crimen organizado amenazara o cooptara presidentes municipales ponía en riesgo la gobernabilidad del estado y que debía actuarse, pero no señalé a ninguno.

“Correspondía a la Federación hacer las investigaciones. Nosotros teníamos una reunión con el titular de la Sedena, porque tenía interés de informarme cómo eran los operativos en Michoacán. ¿Por qué?, porque yo sostenía que parte de la fuerza federal que está en la entidad podría retirarse si reactivábamos la costa de Michoacán modernizando la carretera para detonar el desarrollo turístico. Nos interesaba demostrarles que se gasta menos en modernizar una carretera que en la fuerza federal que tienen en esa zona.”