Militares apoyados por efectivos de la Policía Federal y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Nuevo León ocuparon las corporaciones municipales de Santiago, Allende y Montemorelos, donde detuvieron a 10 agentes.

Con éstos suman 74 los oficiales y mandos policiacos arrestados durante cuatro días de operativos en la entidad, de los cuales 57 permanecen bajo arraigo, 12 han obtenido su libertad bajo reservas de ley y del resto aún no se define su situación.

Este jueves fueron trasladados a las instalaciones de la séptima Zona Militar, entre otros, el secretario de Seguridad Pública de Montemorelos, Alejandro Esparza Contreras, y Fernando Aboytes Núñez, comandante operativo de la misma dependencia. En Allende fue detenido Luis Humberto Vargas Flores, secretario de Seguridad Pública, y en Santiago, el juez calificador Eduardo Morales.

Mientras, unas 50 personas que dijeron ser familiares de algunos uniformados aprehendidos se plantaron desde las dos y media de la madrugada del jueves afuera de la Academia Estatal de Policía, donde 57 preventivos permanecen bajo arraigo.

Los inconformes aseguraron que sus parientes han sido objeto de torturas y están incomunicados.

Asimismo, presentaron una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde aseguraron que una mujer policía fue llevada en ambulancia porque supuestamente sufrió un aborto, y un preventivo tuvo fracturas de varias costillas, porque supuestamente se cayó de una litera, lo cual no creyeron las personas que realizaron el plantón.

Minerva Martínez Garza, presidenta de la CEDH, envió a un visitador y un médico a verificar las condiciones de los arraigados.

Los funcionarios de la comisión aseguraron que, en general, los arraigados están en buen estado de salud y reciben sus alimentos adecuadamente.

En tanto, el subsecretario de Gobierno de Veracruz, Francisco Portilla Bonilla, reveló que Francisco Serrano Aramoni, administrador de la aduana de la entidad –privado de su libertad la noche del pasado lunes–, sí había recibido amenazas de delincuentes, por lo cual durante un tiempo contó con custodia personal.

En tanto, se incrementó de seis a nueve el número de personas retenidas en las instalaciones de la Procuraduría General de la República en el puerto de Veracruz, investigadas por la desaparición de Serrano Aramoni.