Monterrey, NL, 7 de junio. El aspirante del Partido Nueva Alianza (Panal) a la gubernatura de Nuevo León, Guillermo Beltrán Pérez, denunció que sus propios correligionarios y los militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo presionan para que deje de hacer campaña y propalan que declinará en favor del priísta Rodrigo Medina de la Cruz.

Durante un debate organizado por la Escuela de Graduados en Administración Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey –al que no acudió Medina–, dijo que mantendrá su candidatura pese a las presiones personales, el reparto de dinero y la intimidación a simpatizantes en los municipios como Cerralvo, General Treviño y Doctor González por parte de priístas.

A su vez, el panista Fernando Elizondo Barragán pidió a los ciudadanos votar para que el gobierno no quede en manos de criminales y aseguró que el Ejército salió a las calles porque los cuerpos de policía fueron infiltrados; mientras, la perredista Martha Zamarripa consideró que la decepción y el desánimo de los ciudadanos anticipan un gran abstencionismo y provienen del hartazgo frente a PAN y PRI.

A diferencia de previas reuniones tersas, ahora hubo intercambio de acusaciones. El más ríspido lo protagonizó el candidato del Partido Social Demócrata (PSD), Ernesto Villarreal Landeros, al fustigar a Beltrán Pérez por decirse defensor del sindicalismo cuando su partido es una oficina de la lideresa Elba Esther Gordillo.

Por otra parte, Elizondo Barragán anunció que presentará una denuncia penal contra quien resulte responsable por la distribución de panfletos que lo tildan de corrupto, luego que en el municipio de Santa Catarina fue detenido Alberto Gómez Villegas, candidato del PRI a diputado local cuando repartía propaganda junto con 16 brigadistas.

El panfleto reproduce información publicada en la revista electrónica Reporte Índigo sobre los supuestos manejos irregulares cometidos en el año 2000 por Elizondo cuando fue tesorero estatal, a través de una cuenta secreta para otorgar préstamos por 6.5 millones de pesos a funcionarios de primer nivel del gobierno que encabezó Fernando Canales Clariond.