El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, envió una nueva recomendación al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván –la octava del año–, debido a que en los operativos de seguridad en que participan militares, se continúan cometiendo violaciones a los derechos humanos.

En esta ocasión fue la recomendación 32/09, por el caso de dos personas –un hombre y una mujer– en Ixtlán del Río, Nayarit, quienes fueron golpeados, amenazados y obligados a llevar a su domicilio a los militares, quienes entraron sin ninguna orden a la casa, robaron dinero en efectivo y los despojaron de varios objetos de valor.

Soberanes Fernández expresó su preocupación ante el aumento de las quejas en contra de militares que participan en operativos de seguridad, en los cuales los soldados cometen actos ilegales específicos, como lesiones y despojo de objetos personales y domésticos propiedad de particulares a los que se detiene, sin más razón que haber despertado sospechas y pese a no estar relacionados con alguna investigación en curso.

La recomendación 32/09 también fue dirigida al gobernador de Nayarit, Ney González Sánchez, con el propósito de que gire instrucciones al procurador estatal para que inicie las investigaciones contra del personal de la policía judicial estatal que participó en ese operativo conjuntamente con los militares.

En el texto de la recomendación se destaca que el 5 de noviembre de 2008, los señores José Israel Zepeda Sojo y Cristina Azucena Parra Sánchez presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado, en la que manifestaron que aproximadamente a los 10 de la mañana de ese día, salieron de su domicilio en Ixtlán del Río, hacia el hospital de la Cruz Roja, en el mismo poblado.

Señalaron que viajaban en una camioneta tipo Cheyenne Silverado, cuando fueron interceptados por elementos de la Base de Operaciones Mixtas (BOM), integrada por servidores públicos de Sedena, de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de la Policía Judicial de Nayarit, los golpearon, amenazaron y los llevaron al domicilio particular de los interceptados, donde los soldados robaron dinero en efectivo.

El reporte de la PGR, a solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), da cuenta de lo siguiente: “El capitán de infantería A1 ordenó que se detuviera a un vehículo que circulaba por la calle, el cual detuvo su marcha en el estacionamiento de un centro comercial. De él descendieron dos personas, un hombre y una mujer, después de la revisión no se les encontró nada irregular, es decir, ningún objeto que presumiera delito; sin embargo, soldados y judiciales seguían cuestionando al hombre, en forma agresiva y golpéandolo en el pecho.

“El capitán A1 ordenó a un elemento de la policía judicial que subieran al hombre a la patrulla para trasladarlo a su domicilio y que la mujer manejara su vehículo para guiarlos a su casa. El personal de la PGR les hizo notar a los militares y judiciales que su actuación no se apegaba a derecho, y por respuesta los elementos de la AFI fueron agredidos verbalmente y amenazados, los judiciales cortaron cartucho y amenazaron al agente del Ministerio Público Federal. Les ordenaron retirarse, porque, les dijeron, el operativo está a cargo del Capitán A1”.

Los quejosos, dijeron a la CNDH que los soldados sin orden de cateo o mandamiento judicial alguno entraron al domicilio, del cual se llevaron dinero en efectivo y objetos de valor y antes de abandonar la casa, nos amenazaron con matarnos si denunciamos el caso.

La CNDH subraya que es irregular la actuación del Ejército Mexicano adscrito a la 13/a Zona Militar, ya que son los militares los que detienen y ponen a disposición de las autoridades a los presuntos responsables.

En su investigación, la CNDH concluye que los militares violaron el derecho al trato digno, cometieron detenciones arbitrarias y golpearon con armas de fuego a los detenidos, transgredieron la inviolabilidad del domicilio, además de robarlos y despojarlos de objetos de su casa.