Un ciudadano presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por presuntas irregularidades administrativas del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, al designar a Rodrigo Esparza Cristerna como comisionado de la Policía Federal, sin que le aplicaran las evaluaciones de certificación y control de confianza, como establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, uno de los requisitos que se pide para ocupar ese cargo es no haber sido destituido por resolución firme como servidor público.

Sin embargo, en 1993 el designado fue cesado como delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Sinaloa y puesto a disposición de un juez por incumplir las instrucciones de arrestar al comandante Juan Alberto Larrazolo Rubio, entonces delegado de la Policía Judicial Federal en Sinaloa, prófugo de la justicia y quien presuntamente tenía posibles nexos con las bandas de Héctor El Güero Palma, Joaquín El Chapo Guzmán y los hermanos Arellano Félix.

En la denuncia, dirigida también al director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP; al comisario del Sector Seguridad y a la Contraloría de la Policía Federal Preventiva (PFP), se anexan una nota periodística de La Jornada que da cuenta de la destitución de Esparza Cristerna en 1993, y la respuesta de la PGR a la solicitud de información 0001700181305, en la cual se indica que en Sinaloa se radicó el proceso penal 159/93, derivado de la averiguación previa 3423/93, por el delito contra la administración de la justicia.

Asimismo, en junio de 1993 se dictó formal prisión al ahora comisionado, aunque la resolución fue revocada el 23 de agosto de ese año.

También se anexa la resolución 262/09 del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), en la cual la SSP declaró la inexistencia del curriculum vitae de Esparza, al igual que los exámenes de certificación y control de confianza que debieron aplicarle, así como las denuncias interpuestas en el área de asuntos internos o similares de la dependencia contra el funcionario.

En el fallo, el comisionado Juan Pablo Guerrero ordena a la SSP realizar una búsqueda exhaustiva de los exámenes tras hacer diversas observaciones. Una es que en los requisitos para ser comisionado de la PFP se pide no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, lo cual, no obstante, ocurrió el 15 de noviembre de 1993.

Además, indica que para proponer a Esparza en el cargo que ahora ocupa, ante el Presidente, el titular de la SSP tuvo “necesariamente que analizar el curriculum vitae del funcionario, para cerciorarse de que cumplía todos los requisitos que establece la normatividad”.

De las evaluaciones que el IFAI ordenó buscar, señala que el titular de la SSP cuenta con facultades suficientes para conocer y allegarse de información relativa a las evaluaciones de control de confianza que en su caso se hubieran practicado a Rodrigo Esparza, con el propósito de verificar que cumplía con el requisito de ley de la PFP y el Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, donde también se desempeñó como comisionado.