El gobernador de Chihuahua, el priísta José Reyes Baeza, presentó ayer una demanda ante un juez federal en materia civil, contra la senadora por el PAN María Teresa Ortuño por presunta difamación a su persona y exigió a la demandada una reparación del daño moral por 100 millones de pesos.

Reyes Baeza recurrió a los tribunales al considerar un infundio y un señalamiento aventurado y totalmente irresponsable el dicho de la senadora, quien el pasado 3 de junio afirmó en conferencia de prensa que, por acción o por omisión, el titular del ejecutivo de Chihuahua protege a narcotraficantes y secuestradores.

Luego de presentar la demanda en la oficialía de partes del Palacio de Justicia de San Lázaro, en el Distrito Federal, el gobernador sostuvo que el PAN utiliza el tema de la inseguridad y el narcotráfico como parte de una campaña electoral de desprestigio, que busca afectar a los servidores públicos estatales y municipales de oposición, mientras a los funcionarios panistas se les da trato privilegiado.

Doble rasero

Por supuesto que Chihuahua tiene mucho con el problema del crimen organizado y el narcotráfico, pero ahora (durante el gobierno del presidente Felipe Calderón) pretenden imputar todo lo malo que pasa a nuestra administración, en este caso priísta. Y qué raro que cuando se trata de imputaciones (sobre actos de delincuencia) que pesan sobre administraciones panistas, no se dice gran cosa, destacó.

“No sólo eso, sino que cuando se detiene a funcionarios de alto nivel (en referencia al arraigo de servidores públicos del estado de Morelos, con gobierno panista que en mayo pasado destituyó al secretario de Seguridad Pública estatal y a otras autoridades municipales por presuntos vínculos con el narco), se pondera y se aplaude esa acción valiente por parte del gobierno estatal; mientras en casos de gobiernos de oposición se señala severamente, por omisión o por acción, a un servidor, y en otros casos, como en Michoacán, a los gobiernos que no emanamos del PAN”, agregó.

Explicó que no incluyó en su demanda al presidente del Senado, Gustavo Madero, porque si bien inicialmente respaldó el dicho de su compañera, después se desdijo y reconoció que él no tiene pruebas que demuestren que yo protejo a delincuentes.

El gobernador de Chihuahua –quien en febrero pasado se vio inmerso en un escándalo público cuando un grupo de sicarios se enfrentó con escoltas de Reyes Baeza, hecho que, según versión oficial, derivó de un altercado vial y no de un atentado contra el mandatario– comentó ayer que en caso de que se dicte sentencia condenatoria contra la senadora Ortuño, buscará que se publiquen extractos en los medios de comunicación donde se difundieron las imputaciones en su contra.

Explicó que el monto de la sanción pecuniaria a la que pudiera hacerse acreedora la demandada sería donada a instituciones de beneficencia.

Reyes Baeza sostuvo que el dicho de la senadora no le provocó daño sicológico, pero sí daño moral a su persona.

Aclaró que no presentará denuncia penal porque ya no existe la tipificación del delito de difamación en el Código Federal y porque la senadora tiene fuero constitucional; sin embargo, agregó, en materia de juicios civiles no se requiere juicio de procedencia para desaforar a la legisladora, por lo que Ortuño podrá ser citada y obligada a aportar pruebas de sus dichos, pues no está en riesgo su libertad.

Todos los servidores públicos tenemos derecho de demandar ante los tribunales a quienes con motivo de la calentura electoral pretenden deteriorar la imagen y el prestigio de cualquier político, puntualizó.

Por otra parte, durante una gira de apoyo a candidatos locales del PAN en Ciudad Juárez, el senador Ramón Galindo Noriega, acompañado por el diputado Juan José Rodríguez Prats, sostuvo que “uno de los propósitos principales que tenemos (los legisladores del blanquiazul), es y será defender a Juan Blanco (candidato a diputado federal detenido en Chihuahua por presuntos actos de corrupción) contra los supuestos ataques del gobierno de Chihuahua”.

Cavazos: Colima, abierto a que se investigue a los funcionarios

El gobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, consideró que debe haber coordinación entre la Federación y los estados en la lucha contra el narcotráfico, con la finalidad de que no se presente otro caso como el de Michoacán, en el que no se informó al mandatario estatal de la puesta marcha de un operativo.

Entrevistado en la Cámara de Senadores después de que participó en una reunión sobre los avances del Pacto nacional por la vivienda para vivir mejor, Cavazos señaló que no tiene temor de que se repita en otros estados lo acontecido en Michoacán, porque eso causó molestia en todos los gobernadores y en el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Sostuvo que está dispuesto a que la Procuraduría General de la República investigue a todos los integrantes de su administración, desde el gobernador hasta el funcionario de más bajo escalafón, y afirmó que en Colima 97 por ciento de las detenciones de narcomenudistas las realizó su gobierno.

Expuso que en cuatro años han sido detenidas mil 792 personas que se dedicaban a actividades ilícitas, lo que quiere decir que hay un ejemplo palpable de que nosotros sí vamos al fondo del asunto y hacemos lo que tenemos que hacer.

Con información de Rubén Villalpando y Miroslava Breach, corresponsales, y de Andrea Becerril, reportera