El gobierno de México rechazó ayer tres recomendaciones que le hizo el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, relacionadas con la abolición de la práctica del arraigo y para que las autoridades civiles –no las militares– sean las que juzguen las violaciones a las garantías individuales cometidas por elementos castrenses.

La posición de las autoridades mexicanas fue presentada ante el pleno del consejo, reunido en Ginebra, donde explicaron las razones por las que no apoyan las citadas sugerencias.

Estas recomendaciones forman parte de un total de ocho que el país se reservó en febrero pasado, cuando se sometió al Examen Periódico Universal para evaluar el cumplimiento de los compromisos internacionales que ha contraído en materia de derechos humanos.

Como parte de la revisión hecha por el organismo de la ONU, el gobierno mexicano recibió 91 recomendaciones, de las cuales aceptó 83 y se reservó ocho. De las últimas, negó su respaldo a tres y aseguró que cinco están cubiertas. Éstas se refieren al restablecimiento de la fiscalía para delitos del pasado, el combate a la tortura y la discriminación, así como el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales.

Sobre las tres recomendaciones rechazadas, explicó que la jurisdicción militar sobre conductas cometidas por miembros de las fuerzas armadas en ejercicio de sus funciones, está prevista en la Constitución y tiene por objeto preservar la disciplina.

Por la especificidad de la materia, es legalmente insostenible una jurisdicción paralela y alternativa que conozca de los delitos que los militares cometen en ejercicio de sus funciones, añadió.

El gobierno de México también aseguró que la jurisdicción castrense actúa de manera eficiente para prevenir, perseguir y sancionar las violaciones a los derechos humanos que pudieran ser cometidas por integrantes de las fuerzas armadas en cumplimiento de sus tareas.

Estrecha coordinación de Sedena con la CNDH

Como parte de su argumentación, informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha aceptado la totalidad de las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y mantiene una estrecha coordinación con ese organismo para su cumplimiento.

Cuando se comprueba la violación de garantías individuales, la Sedena procede a dar intervención al órgano interno de control, dependiente de la Secretaría de la Función Pública y/o al Ministerio Público Militar.

En dichos casos –continuó– se ha procedido a la reparación del daño a las víctimas. Actualmente, la justicia militar conoce de seis casos en fase de integración de averiguación previa, en tres se consignó a 32 efectivos y se tienen registradas nueve sentencias condenatorias en contra de 14 elementos.

Asimismo, anunció que en breve, la Sedena desarrollará un programa de trabajo con la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos.

Respecto al arraigo, mencionó que sólo se aplica para delitos relacionados con el crimen organizado y por tiempo limitado.

El gobierno de México agregó que el arraigo cumple los estándares establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

Explicó que esta medida se utiliza para la integración de una acusación correctamente soportada, ya que en materia de delincuencia organizada, los elementos probatorios de la acusación son complejos y de difícil obtención, incluso por el carácter trasnacional del delito.