Mérida, Yuc., 11 de junio. El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Yucatán, Hernán Vega Burgos, se separó hoy de su cargo para facilitar las investigaciones judiciales que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto encubrimiento de una red de prostitución internacional que opera en la entidad.

En una carta enviada a los medios de comunicación, Vega Burgos rechazó estar involucrado en la protección de una banda de tratantes de blancas y de lenocinio, y negó conocer a las dos costarricenses que lo acusan de obligarlas a tener relaciones sexuales con él, bajo la amenaza de violación tumultuaria o deportación.

Señaló que una mente perversa en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) pretende perjudicarlo aprovechando los tiempos electorales.

La Secretaría de Gobernación confirmó en un comunicado de prensa la renuncia del funcionario y precisó que esta determinación es de carácter personal y tiene el propósito de agilizar la investigación iniciada en la instancia estatal, tras las denuncias presentadas por las dos extranjeras.

Vega Burgos afirmó en su carta ser víctima de una trampa para dañar su labor como funcionario público. Sin embargo, declinó identificar a la persona que en la procuraduría estatal pretende involucrarlo en las operaciones de una red de prostitución.

El acusado pasó de testigo a indiciado, en tanto la PGJE remitió el caso a la PGR, porque se denuncian presuntos nexos con una banda de traficantes de mujeres.

Gobernación señaló por su parte que el INM actuará con estricto apego a derecho y otorgará todas las facilidades a las autoridades competentes para que puedan esclarecer los hechos a la brevedad posible.

De igual manera, ratificó su compromiso de combatir la corrupción dentro del instituto cuando se demuestre que hay casos indebidos.

El martes pasado, Raquel Ivannia Canales Acevedo y Yoheny Chávez Fonseca fueron liberadas por agentes de la Policía Judicial de Yucatán de una casa de seguridad donde eran obligadas a prostituirse con gente de clase social elevada.

Un día después sostuvieron un careo con Vega Burgos en la agencia 19 del Ministerio Público del fuero común, donde señalaron que fueron contactadas por una red de prostitución para trabajar en Yucatán, aunque no imaginaron que las mantendrían encerradas como esclavas, a cambio de un sueldo miserable.

Las costarricenses acusaron que Vega Burgos recibía 30 mil pesos mensuales como parte del trato para proteger a la banda de traficantes de blancas y de prostitución, además de que las obligaba a sostener relaciones sexuales con él. Si nos negábamos, Hernán nos amenazaba con violarnos y deportarnos, alegaron.

Narraron que estuvieron encerradas en la casa de seguridad, al norte de Mérida, por más de tres meses, y que arribaron a México de manera ilegal contactadas por una mujer a la que sólo identificaron como Keysi, al parecer de origen cubano.