in lugar a dudas, a pesar de que el país se encuentra inmerso en uno de los procesos electorales más complicados de su historia, la pregunta que muchos ciudadanos se hacen poco tiene que ver con sus preferencias partidarias: la realidad muestra que para la mayoría de la población su principal preocupación tiene que ver con el contexto económico que vivimos. Así, desesperadamente, la gente pregunta y se pregunta ¿cuándo terminará la crisis económica que atravesamos?

De esta manera, más que importarle las promesas que hacen los candidatos y que nunca se cumplen, la gente quisiera escuchar las palabras mágicas de alguien que les pudiera garantizar una fecha casi exacta en que terminará esta crisis y empezará la tan anhelada recuperación.

Esa angustia, combinada con la absoluta desacreditación de los principales partidos políticos, de los diputados y de los gobernantes en general, ha provocado un evidente desinterés por el proceso electoral vigente, que es aprovechado por algunos vivales para fomentar la anulación del voto.

Sin embargo, es importante que la gente sepa que la posibilidad de tener una solución a la crisis económica y el proceso electoral vigente son dos temas que se encuentran íntimamente relacionados. Más aún, sin temor a equivocarme, puedo afirmar que la solución al problema económico requiere urgentemente acciones políticas relacionadas con la elección, que ya está a la vuelta de la esquina.

Quizás esto pueda escucharse como un disparate, porque a muchos les sonará absurdo que la solución a un problema económico sea necesariamente de orden político y, por qué no decirlo, electoral.

Sin embargo, para entender mejor lo anterior, hay que señalar que cualquier economista de medio pelo sabe perfectamente lo que hay que hacer para salir de la crisis económica que atraviesa nuestro país.

Es decir, tanto Felipe Calderón como Agustín Carstens comprenden muy bien que para salir del problema económico que enfrentamos hay que acabar con los monopolios privados; que necesitamos una reforma fiscal que haga que las grandes empresas paguen impuestos; que el gobierno debe reducir su gasto corriente e incrementar su inversión social y productiva; que el gasto público se debe ejercer con eficacia, eficiencia y calidad; que se debe aprovechar el potencial energético del país y apoyar la producción agropecuaria, y que el Estado debe atender las obligaciones que en materia de salud, educación, vivienda y alimentación le ordena nuestra Constitución.

No obstante, a pesar de conocer perfectamente lo anterior, esos funcionarios no actúan porque, por ejemplo, al combatir los monopolios irían contra los perversos intereses antipopulares de aquellos que apoyaron el fraude cometido el 2 de julio de 2006.

Tampoco, por la misma razón, podrían hacer pagar impuestos a esas grandes empresas que hasta ahora no lo hacen, y mucho menos aún estarían en la posibilidad de invertir en el campo, en el sector energético, en la educación, en la salud, porque ello terminaría con los negocios de muchas empresas trasnacionales que también dieron en julio de 2006 un voto de confianza, condicionado a que se les entregaran y concesionaran desde las actividades básicas del Estado, pasando por los recursos naturales, hasta la soberanía del país.

De esta manera, cualquier medida que adopten esos gobernantes en el contexto actual estará siempre condicionada a mantener los compromisos adquiridos con esos grupos de poder económico, imposibilitando así la aplicación de medidas que nos permitan salir adelante de una vez por todas.

Por tanto, la solución al problema económico actual requiere necesariamente la dimisión del actual gobierno o, en su defecto, su cambio mediante el voto de la gente por opciones o partidos que no mantengan compromisos con esos grupos de poder económico que hasta ahora han mantenido secuestrado al Estado y a sus instituciones, impidiendo con ello la adopción de medidas que permitan superar la emergencia económica.

Consecuentemente, esos grupos son los que impulsan la tesis de castigar al sistema mediante la anulación del voto, en virtud de que perciben ya que es el voto ciudadano en favor de nuevas opciones partidistas el único mecanismo que puede rescatar al Estado y liberar a las instituciones.

Esta situación tendría que ser reflexionada seriamente por la ciudadanía: el voto nulo no sería un castigo para el sistema, sino para los ciudadanos mismos, al permitir que el Estado y sus instituciones continúen secuestrados por esos grupos de poder económico, debido a los compromisos adquiridos desde hace ya casi tres años.

De esta manera, el voto nulo o la anulación del sufragio añadiría a la ciudadanía, además del castigo económico que estamos pagando, la sanción política que implícitamente sería la legitimación del régimen corrupto y decadente que hoy tenemos y mantiene al país sumergido en la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.

Pero mientras reflexionamos sobre esto, permítanme recordarles un refrán que dice: Muerto el perro, se acabó la rabia.