En ninguno de los expedientes relacionados con los cuatro paquetes de amparos que analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Acteal se hace referencia a que los acusados formen parte de grupos paramilitares. En la mayoría de los procesos judiciales se han detectado irregularidades de procedimiento, investigaciones mal efectuadas por autoridades federal y estatal, e incluso actuación deficiente de los jueces que emitieron sentencias condenatorias.

Fuentes judiciales señalaron lo anterior y agregaron que, ante esa situación, el número de acusados que podrían alcanzar su libertad lisa llana podría incrementarse en las próximas semanas, cuando los ministros analicen de nueva cuenta los amparos de 41 quejosos. Se prevé que 14 serán absueltos y que la mayoría restante obtendrán amparos para efectos, a fin de que el juez de la causa reponga procedimientos y evalúe pruebas que hasta la fecha no han sido tomadas en cuenta.

Todos los que presentaron los cuatro amparos colectivos son indígenas de diferentes comunidades, quienes fueron sentenciados por el delito de uso de arma prohibida.

El aplazamiento de la resolución nos permitirá profundizar en el análisis de los asuntos, los cuales tenemos que revisar desde todos los ángulos y no sólo desde una perspectiva de blanco o negro, confiaron ministros que fueron consultados.

Añadieron que si bien de dicho análisis no se espera una declaratoria de inocencia o culpabilidad, los ministros de la primera sala de la Corte sí estarán en condición de revisar la constitucionalidad de los procesos judiciales, el respeto a las garantías de los acusados –como contar con un intérprete que hablara su lengua– y la legalidad de las pruebas recabadas.

Es decir, apuntaron, determinar si las causas en su contra se llevaron a cabo con el debido proceso.

Otros funcionarios manifestaron que no existen pruebas de que los acusados participaron o estuvieron en el lugar de los hechos, por lo que no tienen duda de su inocencia.

Dependiendo de la gravedad de las violaciones cometidas por las autoridades procederá la resolución sobre la libertad absoluta o el amparo para efectos, explicaron.

Ministros cuestionaron también la falta de sensibilidad de autoridades de la Federación y de Chiapas al abordar la matanza, ocurrida el 25 de diciembre de 1997, cuando 300 personas oraban en la ermita de Acteal, donde fueron atacadas con la complacencia de autoridades, que no intervinieron, con saldo de 49 tzotziles muertos (19 mujeres –cuatro de ellas embarazadas–, ocho hombres, 14 niñas, 14 niños y 17 personas heridas, la mayoría menores de edad).

Los expedientes revelan que la investigación fue efectuada como si se tratara de un acto rutinario, como si la matanza no mereciera mayor atención, lo cual también resulta inaceptable, señalaron los funcionarios.

Tampoco la investigación oficial toma en cuenta la situación económica, política y social de la zona, y su relación con la masacre, lamentaron.

Cabe señalar que para los familiares de las víctimas y para organizaciones defensoras de los derechos humanos lo ocurrido en Acteal es producto de una política de Estado, deliberada y encaminada a exterminar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus bases de apoyo.

Después de que los ministros habían comenzado la revisión de los proyectos, elaborados por Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y José de Jesús Gudiño Pelayo (24 en total), quedaba pendiente que Sergio Valls presentara sus proyectos, pero éste solicitó que en lugar de revisar los cuatro amparos colectivos, el próximo 17 de junio, se resolvieran en agosto próximo. Ello generó inconformidad entre algunos ministros, quienes ya habían cumplido con su parte y estaban listos para votar los asuntos.

Los amparos fueron presentados exclusivamente por indígenas. Ninguno de los casos tiene que ver con los 15 policías y ex agentes públicos que también fueron sentenciados por los hechos.