La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Sonora anunció que falta poco para que se realicen las primeras consignaciones relacionadas con la investigación por la muerte de 46 niños en el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, ocurrido el 5 de junio.

José Martín Godoy, delegado de la PGR en la entidad, dijo que las pesquisas van avanzando, pero no quiso adelantar detalles sobre quiénes serán los consignados. Estamos muy avanzados, lo cierto es que queremos tener a la vista los resultados de los últimos dictámenes periciales y seguramente estaremos prontos en emitir la resolución; desde luego que nos estaremos reservando información, dijo.

Anoche, se informó que los propietarios de la guardería ABC solicitaron el amparo de la justicia contra las acciones de las autoridades estatales y federales, según la lista de acuerdos del juzgado décimo de distrito con sede en Hermosillo.

La demanda fue recibida el 10 de junio pasado, pero a los cinco se les negó la suspensión definitiva y se les programó una nueva cita para el primero de julio, donde se desahogará la audiencia constitucional y se dictará la sentencia definitiva en el juicio de amparo, según publica en su portal de Internet el Consejo de la Judicatura Federal.

Los dueños de la estancia que aparecen en el Registro Público de la Propiedad son Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, Sandra Lucía Téllez Nieves y Gildardo Urquídez Serrano; el amparo incluiría a Antonio Salido Suárez y Alfonso Escalante Hoeffer, esposos de las dos primeras, respectivamente, quienes hasta la semana pasada eran funcionarios del gobierno estatal.

Godoy Castro ofreció este martes una conferencia de prensa conjunta con el procurador de Justicia del estado, Abel Murrieta Gutiérrez. Ambos reiteraron que desde 2005 se advirtieron irregularidades en las instalaciones de la guardería y para sustentar su dicho mostraron un documento mediante el cual autoridades del IMSS solicitaron a los propietarios realizar adecuaciones.

La petición está dirigida a Marcelo Meouchi Tirado, representante legal de la estancia, y fue enviada por Emigdio Martínez García, subdelegado de Prestaciones Sociales y Económicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien solicitó sobre todo cambiar la puerta del acceso principal e instalar una de dos metros de ancho, así como sustituir los plafones, cuyo incendio y desplome ocasionó posteriormente la muerte de 46 niños.

Sin embargo, el oficio no tiene sello de recibido. Además, se desconoce el paradero de Meouchi Tirado y es necesaria su declaración, dijo el procurador Murrieta. El documento fue localizado en el archivo del IMSS, lo que motivó una llamada de atención del gobernador Eduardo Bours, porque no se respetaron los procedimientos para obtener este tipo de documentos.

En un nuevo intento por deslindarse del problema, Bours Castelo recordó que hace más de seis meses hizo pública la petición de su gobierno al IMSS para que le traspasara las cuotas de los afiliados en Sonora para administrarlas y mejorar las condiciones del servicio que presta.

¿Cuánto hace?, ¿seis meses, un año de que le dije al Seguro Social que nos la pasaran a nosotros?, entonces ese es el problema, que no nos dejan meternos; pues si hace un año les dijimos claramente que nos den las cuotas y nosotros lo manejamos, lo están haciendo mal, ¿Ya se nos olvidó?, insistió.

Bours informó que a 11 días del incendio, 14 menores permanecen hospitalizados en nosocomios de Sonora y Jalisco, de los cuales ocho se encuentran en Hermosillo y seis en el Centro Médico de Occidente del IMSS, en Guadalajara. Otros seis reciben atención en el hospital Shriners de Sacramento, California, y una menor está en el nosocomio de esa organización humanitaria en Cincinnati, Ohio.

También en la capital de Jalisco, la señora Margarita Zavala visitó la Unidad de Quemados del Centro Médico de Occidente del IMSS, donde se reunió con los padres de seis niños. La visita se inició a las 12.40 y concluyó a las 14 horas.