El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer –por seis votos a tres– que las dependencias federales están obligadas a pagar por el uso de agua potable y alcantarillado a los municipios en que estén ubicadas.

Asimismo, inició la discusión de un amparo presentado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el que se opone a pagar el impuesto sobre nómina; cinco ministros (de nueve presentes) se pronunciaron porque el organismo sí pague dicho tributo.

Los ministros que empezaron a conformar una mayoría en el sentido de que el instituto debe pagar el impuesto referido dejaron en claro que este asunto no debe discutirse desde la perspectiva de si el IMSS tiene o no capacidad contributiva.

Este asunto impacta las finanzas de las dependencias federales, pero también de los estados y municipios involucrados. Por ello, una vez que la Corte defina criterios discutirá dos consultas: una presentada por el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia para que el máximo tribunal defina si debe pagar por el agua potable, y la otra que planteó Mariano Azuela, quien se opone a que el Poder Judicial de la Federación pague el impuesto sobre nómina.

La sesión en la que el pleno negó sendos amparos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en contra de los ayuntamientos de Guadalupe, Nuevo León, y Culiacán, Sinaloa, fue el contexto de una ríspida discusión entre los ministros Genaro Góngora Pimentel y Salvador Aguirre Anguiano.

Góngora, además de señalar que los inmuebles de dependencias federales deben pagar por el agua que consumen, dijo que este asunto iba más allá, porque este recurso requiere de una infraestructura muy costosa para el Estado y que, por tanto, “deben contribuir quienes se beneficien del agua potable en cantidades superiores a las necesarias para la subsistencia.

No encuentro justificación para exentar de los derechos por el uso de agua a las oficinas gubernamentales, dándoles carta blanca para su dispendio (y) me parecería muy grave que trasladáramos a la sociedad el costo del despilfarro del agua en las oficinas burocráticas; las generaciones futuras no nos perdonarían.

Ante la ausencia del ministro presidente, Góngora condujo el debate y llamó la atención al decir: “Yo sé que detrás de todo esto está el problema que enfrenta el Poder Judicial de la Federación, que no desea pagar el servicio público de agua, y que ha logrado ya algunas exenciones, esto es lo que está detrás… después de este precedente, sí señor, seguirán otros en donde las oficinas gubernamentales dirán, pues si el SAT logró la exención, pues también el Poder Judicial federal. ¿Y por qué no los otros poderes locales? ¿Y por qué no otras oficinas? ¿De dónde va a salir dinero para prestar este servicio tan importante? Eso me parece muy grave”.

Aguirre Anguiano, quien al igual que José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza apoyaba la concesión del amparo, respondió agresivo:

Lamento muchísimo que en esta Suprema Corte estemos escuchando las perspicacias personales de un ministro que no tiene apoyo jurídico alguno para su discurso, y ponga el estigma de la sospecha en cuanto a la intención de los integrantes de la SCJN (sobre las consultas). Esto a mí me parece absolutamente lamentable, dijo.

Olga Sánchez Cordero dijo que los municipios deben manejar libremente su hacienda y obtener los recursos necesarios para su sostenimiento.