xiste irritación contra la clase política mexicana en amplios segmentos de la sociedad mexicana. Fundados motivos se tienen para desconfiar de quienes nos gobiernan.

La concentración del poder en las burocracias de los partidos grandes y chicos, la banalización del debate nacional y los magros resultados en todas las materias de la vida pública, han abonado para la creación del mayor descrédito que se tenga memoria de la llamada clase política mexicana, en especial de los legisladores y dirigentes partidarios, pero también es imposible soslayar la agresiva campaña por descalificar al Poder Legislativo, sobre todo en los tiempos en que se han sometido a la consideración del Congreso de la Unión iniciativas de ley con afanes privatizadores o relacionadas con el control de los medios electrónicos.

No obstante, esta campaña de linchamiento mediático tendría un impacto menor, si el Legislativo tuviera una organización diferente y un sistema de trabajo que permitiera a la ciudadanía ver expresados sus anhelos y demandas en la actuación del Poder legislativo. Sin embargo, las críticas de Televisa al trabajo legislativo no son por las deficiencias parlamentarias, sino por el tipo de decisiones que se toman. Por ejemplo, las decisiones legislativas que debieran ser cuestionadas por su incorrecto procesamiento, a los ojos de Televisa aparecen como un acto de responsabilidad, como cuando el primero de diciembre de 2005, en una extraña unanimidad de 321 diputados de todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados, aprobaron en menos de siete minutos reformas a las leyes de radio y televisión que permitirán a Televisa una apropiación del espectro radioeléctrico por 30 años, sin necesidad de licitar y menos de pagar contraprestación alguna al Estado mexicano. Ante esta votación, los mariachis callaron.

La exigencia y dureza que mantienen las televisoras frente a los legisladores se convierte en amnesia ante el Ejecutivo. ¿Han escuchado a un comentarista de las televisoras que cuestione sobre la cantidad de empleos que prometieron se crearían en México? En los pasados nueve meses se han perdido 800 mil empleos, la producción industrial cayó 13.2 por ciento en abril, la cantidad de adictos se ha incrementado en 50 por ciento en años recientes, y 76 por ciento de los mexicanos, según Mitofsky, percibe un incremento en la inseguridad. ¿Cuál es la guerra que vamos ganando?

El reduccionismo de Televisa de presentar al respetable señor Alejandro Martí como vocero de la ciudadanía es parte de la ilusión óptica para poner contra la pared al Poder Legislativo. ¿Cuándo los ciudadanos lo nombramos nuestro representante? ¿De cuándo acá dan tanto tiempo a alguien en horario estelar, como dijera Cantinflas, así porque así, chato?

Lo que México requiere con urgencia es la construcción de un nuevo pacto social de la misma dimensión histórica de la Independencia, la Reforma o la misma Revolución. Ni más ni menos. La orientación, profundidad y extensión de los cambios que habrán de impulsarse es el punto inicial de coincidencias y controversias.

La construcción de un nuevo pacto social no es prescindible, es una necesidad de cuya satisfacción dependen la paz interna, la unidad nacional, la soberanía y la integridad territorial. Éste es el compromiso que deben asumir todas las formaciones partidarias, sin mezquindad ni regateos. Lo que está en juego no son sus triunfos o derrotas, sino el destino del país.

El nuevo pacto debe ser construido mediante un proceso de diálogo nacional convocado por la próxima legislatura, en el cual participen los partidos políticos, las organizaciones sociales y políticas, el sector productivo y de servicios, las instituciones educativas, intelectuales y artistas, los medios de comunicación, trabajadores de la ciudad y del campo, los ayuntamientos, los congresos y gobiernos locales, los poderes de la Federación y los ciudadanos que, sin importar su filiación partidista o credo religioso, quieran participar y comprometerse en la solución de los problemas nacionales.

Y si como de firmar se trata, harían bien los dirigentes partidarios, si en verdad tienen genuino interés por recuperar la honra y el decoro para la actividad política, en firmar un acuerdo para que al margen de la composición de la próxima legislatura se convoque a un gran diálogo nacional para la construcción de un nuevo pacto social, cuya profundidad llegue hasta donde la sociedad demande. Ésta es una de las pocas posibilidades para detener una conflagración nacional que parece se avecina ante el deterioro de la vida política en México.

Es necesario reconocer que no sólo los grupos de poder alientan la campaña para la anulación del voto, sino también muchos ciudadanos que no se ven representados en los partidos. Sus razones son de fondo y nacen de un razonamiento sincero ante el penoso escenario electoral.

Coincido con este sector en su desesperanza, pero tengo claro que esta acción genuina será aprovechada por quienes tienen en sus manos la capacidad de maniobrar en términos mediáticos. No votar, anular o votar en blanco es un respaldo indirecto al autoritarismo. Quizá muchos de quienes así piensan no tengan esa intención, pero al final de cuentas ésa será la consecuencia de su actitud.

Votar es un derecho que ha costado mucha sangre, no tenemos el sistema al que aspiramos, pero hago mía la frase de algún pensador que dijo: ¡La peor de las democracias es mejor que la mejor de las dictaduras!