En la ceremonia en que fue instalado el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, exhortó a los representantes de los tres poderes de la Unión a dejar atrás nuestra historia de abandono, de indolencias, de hipocresías y de discursos fáciles, y los convocó a asumir el compromiso por consolidar la transición democrática del país.

Que pasemos de ser un sistema de reglas no escritas, de compromisos implícitos, a deberes expresos frente a la sociedad, subrayó el funcionario federal.

Cuestionan operativos

En la ceremonia que se realizó en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el senador del Partido Revolucionario Institucional Mario López Valdez exigió por su parte absoluta pulcritud en el uso de instrumentos legales como el arraigo y el respeto a la soberanía de los estados y municipios en las operaciones que lleva cabo el gobierno federal en contra del crimen organizado.

Entendemos el delicado equilibrio que debe guardarse entre la confidencialidad y la sorpresa en las operaciones contra el narcotráfico, dijo el representante de la Cámara de Senadores. Sabemos que será difícil y controvertido lograrlo, pero sepamos que en esta compleja ecuación también están en juego la legitimidad y el reconocimiento público de los esfuerzos de México en contra del crimen organizado y su confianza en la reforma al sistema penal.

Interrogado sobre el señalamiento del legislador priísta, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, se limitó a señalar:

No hay abuso con respecto a esto, la Constitución fija claramente los límites y las instituciones públicas estamos obligadas a realizar nuestra acción basados en la ley, con los límites que la misma ley nos impone, dijo sin dar tiempo a más preguntas.

Momentos antes, en su discurso, el secretario Gómez Mont había hecho un llamado a los presentes a pasar de compromisos implícitos a deberes expresos frente a la sociedad y que en ello podamos encontrar mejores etapas de nuestras historia.

Con la asistencia del propio Gómez Mont, así como del ministro de la Suprema Corte José de Jesús Gudiño Pelayo; el consejero de la Judicatura Federal Óscar Vázquez Marín; el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro Gacía Luna, y el procurador Medina Mora, así como representantes de organizaciones civiles y de abogados, se instaló el consejo un año después de que fue aprobada la reforma penal.

Por su parte, el ministro Gudiño Pelayo, con la representación del máximo tribunal del país, explicó que el consejo tiene la encomienda de planear y administrar la instrumentación de la justicia penal.

Nuestro orden constitucional, afirmó, no ha previsto un régimen transitorio para la implementación de la reforma, sino un plazo definitivo para el cambio del cual hoy nos hacemos públicamente responsables.

El ministro añadió que el nuevo modelo de justicia penal deberá caracterizarse por el respeto irrestricto a las garantías individuales que salvaguardan los derechos fundamentales.

Por su parte, el consejero Óscar Vázquez Marín reconoció que aún se desconoce el costo de la implementación de la reforma penal y cuáles serán los requerimientos de infraestructura e inversión, sin embargo, aseguró que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) hará esos cálculos con responsabilidad, detalles y seriedad.

Gómez Mont, por otra parte, se refirió en entrevista a la denuncia de que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) en Yucatán están presuntamente involucrados en actos de corrupción, y la crítica hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al trato que el mismo instituto le da a los ciudadanos extranjeros.

El funcionario federal respondió que se deben evitar los abusos contra los migrantes y ratificó su respaldo a Cecilia Romero, como titular del organismo.