Las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) contra 10 alcaldes del estado de Michoacán, se sustentan en pruebas falsas, inverosímiles y absurdas, y no están soportadas con ningún documento, afirmó el abogado Juan Rivero Legarreta, defensor del presidente municipal de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela.

Otros abogados de alcaldes, que pidieron omitir sus nombres para no afectar la estrategia jurídica de sus clientes, afirmaron que existen datos imprecisos en cuanto a modo, tiempo y lugar, en los que supuestamente los ediles se habrían reunido con miembros del crimen organizado, por lo que solicitarán la protección de la justicia federal para que sus defendidos no sean acusados con datos falsos.

Entrevistado vía telefónica, Rivero Legarreta manifestó que “las acusaciones contra su cliente no están sostenidas con ningún documento y no existe ninguna cuenta de banco con la que se demuestre que se le dio dinero para su campaña a presidente municipal; sin embargo, la autoridad señala que recibió dinero ilícito.

Si uno entra a la página del Instituto Federal Electoral se puede observar que Ixtlahuac Orihuela no se pasó en sus gastos de campaña y ya están aprobadas las cuentas de sus gastos por el propio IFE, y si ese organismo no encontró nada ilícito, ¿de dónde saca la PGR lo demás?

El abogado comentó que durante las pláticas que ha sostenido con colegas supo que las acusaciones contra algunos alcaldes se “han elaborado con señalamientos falsos, inverosímiles en modo tiempo y circunstancia.

“Por ejemplo, en el caso de la famosa narcolista en la que se supone que se basaron las detenciones, a unos les dicen que se encontró en un parque, a otros que en un coche y a otros más que en una camioneta; si en eso no hay una versión igual, significa que intentaron armar una averiguación y está mal armada.”