A pesar de que uno de los objetivos centrales de la reforma electoral de 2007-2008 fue abatir los costos de los comicios, México se mantiene como la democracia más cara de América Latina.

Con el parámetro del costo por voto, el país está 18 veces arriba del promedio que prevalece en el subcontinente, pues el financiamiento mexicano implica que cada sufragio cuesta 17.24 dólares, lo que contrasta, por ejemplo, con los 41 centavos de dólar en Argentina.

El informe de Fundaciones Internacionales Electorales para Sistemas (IFES, por sus siglas en inglés) sobre la aplicación de la reforma electoral de 2007-2008 en México, desde una perspectiva comparada a escala mundial, incluye un análisis del financiamiento público destinado a los comicios y los partidos, según el cual, el promedio que las naciones latinoamericanas destinan a este rubro es de 123 millones 226 mil 896 dólares, que contrasta sensiblemente con los 465 millones 21 mil 714 dólares que se canalizan en México.

Las distancias respecto de otras democracias en América Latina son muy desfavorables en relación con la mexicana, pues según se desprende del informe, en Brasil el costo del voto es de 29 centavos de dólar; en Colombia, 1.95; Ecuador, 1.09; Panamá, 5.25; Uruguay, 3.72, y el más elevado –sin contar a México– es el de Costa Rica, donde asciende a 8.58 dólares.

Durante la presentación del informe, Horacio Boneo, uno de los expertos del organismo internacional que participaron en la elaboración, destacó que uno de los factores que dispara tanto la situación de México es que el reporte alude exclusivamente al financiamiento público.

En México, prácticamente todo el subsidio de los partidos procede del erario, lo que contrasta con el resto de los países, donde el apoyo privado es una fuente importante de recursos para los institutos políticos.

Sin embargo, el informe reconoce que hay un monto “extremadamente elevado de financiamiento público directo, destacando que uno de los aspectos que incrementa sustancialmente esta aportación de recursos radica en el hecho de que se otorga 30 por ciento de subsidio de forma igualitaria, lo que no ocurre en otras naciones.