on el propósito de dar seguimiento a las cuestionadas elecciones de 2006 y a la consiguiente reforma de 2007, el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, integrado por organizaciones civiles y analistas de varias partes de la República, llevó a cabo desde la perspectiva de los derechos políticos un balance de los avances, insuficiencias y riesgos de las nuevas disposiciones que rigen el proceso electoral.

Este año se ha abocado a vigilar, por medio de nuevos proyectos, la implementación de tales disposiciones, y a identificar temas y acciones con los cuales habrán de incidir en estas elecciones. Entre éstas la aplicación de la reforma por parte del IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y las condiciones para ejercer el voto de manera informada y razonada, mediante los procedimientos de selección de candidatos, la visibilización de sus biografías y propuestas, y el monitoreo de las campañas en medios.

Por ello el pasado 21 de mayo dio a conocer, en una conferencia de prensa, un análisis de la orientación del TEPJF en sus fallos, que encontró errática y preocupante, y que a su vez suscitó justificada preocupación entre los integrantes de ese máximo tribunal. En él advierte que hay señales de alerta sobre el papel que éste juega en las actuales elecciones, pues debió endurecer las sanciones contra las televisoras y aplicar criterios homogéneos en casos de naturaleza similar. Todo lo cual conspira contra la confianza de los ciudadanos y la protección de sus intereses.

El 10 de junio dio a conocer también un primer balance sobre la capacitación a funcionarios de casilla que realiza el IFE, así como los resultados que hasta ese momento se tenían del proyecto Por un Congreso con rostro, ¿qué representan quienes quieren representarnos?, coordinado en ocho entidades de la República por la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, con la participación de otras ocho organizaciones civiles. Todo ello igualmente con el propósito de salvaguardar el interés y los derechos políticos de los ciudadanos en el proceso electoral.

En él sobresale que más de 90 por ciento de las y los candidatos a diputados federales de mayoría relativa fueron designados por las cúpulas partidistas, contraviniendo con ello el artículo 41, fracción primera, párrafo segundo de la Constitución, que obliga a que los candidatos sean elegidos de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan los partidos, y mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.

Destaca igualmente que un reflejo claro de la forma en que los organismos políticos seleccionaron a sus candidatos es que, por ejemplo, en el así llamado Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) se dio cabida a que las televisoras tengan representación directa mediante tres candidaturas: Ninfa Clara Salinas Sada, hija de Ricardo Salinas Pliego, como candidata a diputada propietaria; Miguel Orozco Gómez, director jurídico de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), como suplente de una candidata, y Carlos Alberto Ezeta Salcedo, quien formó parte de la CIRT.

También está apoyando a Pablo Escudero Morales, yerno del senador Manlio Fabio Beltrones, y a Carlos Samuel Moreno Terán, su secretario técnico en el gobierno de Sonora. En el caso del PRI se han visto beneficiadas candidaturas de familiares de políticos en activo o de ex funcionarios. El proyecto subraya igualmente que otras de las formas de manifestar el control cupular en la selección de candidatos y candidatas es la discrecionalidad y el alto número con la que se realizan las sustituciones de candidatos en algunos partidos, como el Partido Nueva Alianza, que ya había hecho casi 80 entre propietarios y suplentes; así como el bajo número de impugnaciones que fueron presentadas en las instancias partidarias y ante el TEPJF, cuyos fallos por lo demás han sido en su mayoría favorables a los partidos, pues en diez de 107 fueron considerados fundados los agravios denunciados, y sólo en uno fundados parcialmente.

Para el Comité Conciudadano igual de grave resulta que durante las campañas electorales los ciudadanos cuenten con poca o nula información disponible acerca de las trayectorias profesionales y políticas de los candidatos, así como de sus propuestas legislativas, y que la mayoría de los partidos se resistan a hacerla pública.

Por un Congreso con rostro ve igualmente con suma preocupación las condiciones en que se dio cumplimiento a las acciones afirmativas en la selección de candidaturas, como la correspondiente en materia de género, pues aunque cumplieron de manera formal con el porcentaje de 40 por ciento establecido en la ley, las principales fuerzas políticas asignaron a mujeres candidaturas de mayoría relativa en distritos en los que su partido no cuenta con una alta preferencia entre el electorado, y en el caso de las de representación proporcional hay fórmulas encabezadas por mujeres, que muy probablemente serán suplidas por sus compañeros de fórmula, como ha sucedido en el PVEM.

El pasado jueves el Comité Conciudadano dio a conocer otro informe sobre la actuación del Consejo General del IFE y los patrones de votación de sus integrantes, así como sobre los resultados del monitoreo de medios realizado por la organización Ciudadanos en Medios, Democracia e Información AC. Remitimos a los lectores a la nota publicada ese día por Fabiola Martínez y Alonso Urrutia en la página 15 de La Jornada de ayer.