Ayer, al cumplirse 40 meses de la explosión en la mina Pasta de Conchos, el jesuita Carlos Rodríguez señaló que entre esta tragedia y la ocurrida en la guardería ABC desgraciadamente existen muchas similitudes sobre las causas y la impunidad. Lo que posibilitó ambos hechos, dijo, fue la negligencia gubernamental para inspeccionar y garantizar la existencia de condiciones de seguridad.

En entrevista posterior a la misa mensual que los deudos de los mineros y el equipo de Pastoral Laboral realizan frente a las oficinas del corporativo Grupo México, dijo que lamentablemente también hay similitudes en el tratamiento que el gobierno ha dado a estas tragedias, pues en ambos casos hay exculpación anticipada de los responsables y declaraciones retóricas que buscan darle la vuelta al hecho de que se anteponen intereses económicos privados sobre el cumplimiento de los derechos humanos.

Proponen castigar a Salazar Sáenz

En el acto religioso celebrado por los 65 mineros fallecidos, Rodríguez informó también que los deudos se solidarizarán con los padres afectados de la guardería ABC y que por la tarde acudirían a una manifestación de éstos frente a las oficinas centrales del IMSS, en avenida Reforma, respaldando el reclamo de justicia.

También expresó que los deudos proponen que se le dé una sanción electoral a la candidatura a diputado del panista Francisco Javier Salazar Sáenz –ex titular de la Secretaría del Trabajo cuando ocurrió la explosión en la mina– porque es aterrador que hoy quiera ser representante popular, cuando como servidor público no respondió al reclamo de los deudos.

Lo que pretende es asegurar su impunidad por el fuero legislativo y detener cualquier posible acción que pueda orientarse a este caso desde la Cámara de Diputados, después de que la Organización Internacional del Trabajo se pronunció en marzo pasado por la responsabilidad del gobierno federal en la tragedia, dijo.

Cristina Auerbach, asesora de los deudos, criticó lo fácilmente que el gobierno y los particulares que protege se desligan de sus responsabilidades cuando los muertos los pone el pueblo. Recordó que hace dos años comenzó un hostigamiento hacia su persona por acompañar a los familiares organizados de los mineros.

Lanzaron exhorto ciudadano

Durante la misa los asistentes hicieron énfasis en que los hechos no son accidentes aislados, sino los efectos inevitables de una política que antepone los intereses económicos de los empresarios.

Por esto se convocó a los ciudadanos a que se movilicen por la justicia, la seguridad y la vida en los centros de trabajo, pues mientras sigan impunes los responsables de la política laboral que se niegan a aplicar la ley a los empresarios, cualquiera de nuestros familiares puede ser el próximo muerto.

Nos duele la pérdida de vidas humanas; nos indigna porque hay demasiadas similitudes, expresaron.