Domingo 21 de junio de 2009, p. 17
Las quejas por presuntos casos de corrupción e irregularidades administrativas en el Instituto Nacional de Migración (INM) han aumentado.
La contraloría interna del INM recibe hasta 30 quejas por semana, el doble de lo registrado hace meses cuando inició el programa para depurar al instituto, usando amonestaciones, inhabilitaciones y órdenes de aprehensión.
De acuerdo con fuentes consultadas, tras la salida del delegado del INM en Yucatán, muchos extranjeros
se han desistido de sus trámites de regularización. La administración local del INM considera que había irregularidades en las diligencias en curso, aprobadas por el funcionario, cesado por su presunta participación en una red de tráfico de inducumentados.
La comisionada del instituto, Cecilia Romero, pretende ampliar las investigaciones a otras delegaciones y no descarta más despidos.
A partir de la semana próxima Romero realizará visitas a la frontera sur, acompañada de representantes de la Organización Internacional de las Migraciones y después recorrerá Tijuana con organizaciones civiles que participan en el consejo consultivo del INM.
El instituto asegura que aplica un programa de depuración sin precedentes desde el 13 de mayo pasado cuando el Ministerio Público Federal ejerció acción penal contra los agentes migratorios Eduardo Mendoza y Raymundo Cuevas por el delito de tráfico de indocumentados.
