Lima, 21 de junio. La estación de radio La Voz, que transmitía desde la norteña ciudad peruana de Bagua, en la Amazonia, fue cerrada, lo cual fue calificado por la emisora de ataque contra la libertad de expresiónn por haber transmitido reportes sobre la protesta y la huelga amazónica de dos meses, en las que se pedía la derogación de leyes sobre desarrollo industrial en la selva. El gobierno atribuyó la suspensión de operaciones a causas técnicas.

El director de La Voz, Carlos Flores, rechazó las razones del gobierno y vinculó el cierre a la cobertura por el conflicto en la selva amazónica, a consecuencia del cual los indígenas lograron la anulación de las leyes sobre desarrollo industrial que, consideraron, amenazaban sus tierras.

Eramos una radio incómoda al gobierno, afirmó Flores.

El abogado de la radio, Roberto Pereira, apeló del cierre y denunció que la cancelación de la licencia es una medida arbitraria que viola la libertad de expresión que existe en el país.

Las autoridades de comunicaciones peruanas reiteraron que cancelaron la licencia por no haber trasladado su antena de transmisión conforme se le exigía desde hace meses.

El renunciante presidente del consejo de ministros, Yehude Simon, descartó que La Voz haya sido cerrada por transmitir las protestas y el violento enfrentamiento entre la policía y civiles que dejaron 24 uniformados y 10 indígenas amazónicos muertos, según cifras oficiales, el 5 y el 6 de junio, consideradas las peores muestras de repudio contra el presidente Alan García. Fuentes independientes acusaron que la represión dejó hasta 50 fallecidos.

Los indígenas demandaban la derogación de dos polémicas leyes de inversión en la Amazonia, que eran parte del Tratado del Libre Comercio que Perú suscribió con Estados Unidos, porque consideraban que eran una amenaza para sus territorios.

Tras fuertes críticas de la oposición, el gobierno dio marcha atrás y pidió al Congreso la anulación de dichas leyes, y el jueves pasado éste las derogó.

El gobierno canceló la licencia de La Voz el pasado 13 de junio, días después de que las autoridades locales la acusaron de instigar las protestas, lo que la emisora niega.

Por lo pronto, el conflicto tuvo un alto costo político para García, ya que su popularidad bajó de 30 a 21 por ciento, según una encuesta realizada por la empresa Ipsos Apoyo.

El sondeo indicó que 57 por ciento de los peruanos creen que la razón estaba del lado indígena, y 18 por ciento se la dieron al gobierno. Mientras, 93 contra 5 por ciento dijeron que los decretos debieron consultarse con los indígenas antes de ser adoptados.

Al ser consultados sobre quién tenía la culpa de los sucesos, 57 por ciento señalaron al presidente, 39 por ciento a la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, y 24 por ciento a Simon.