enían que venir los pueblos indígenas de América a demostrar, a la vuelta del milenio, que el presunto vencedor en la guerra de los mundos, el capitalismo, no puede seguir creciendo. O se nos acaba todo. Han desnudado, como estos días en Perú, las miserias ideológicas y morales de la sociedad dominante. La resistencia amazónica, la masacre del 5 de junio y la victoria (de momento) de los reclamos indígenas despertaron discursos de odio, racismo y chovinismo, atizados por el propio presidente de ese país, en deuda intelectual inmediata con el novelista de La ciudad y los perros, y alguna vez intolerante y reaccionario aspirante presidencial; son seguidos por medios y legisladores de ultraderecha que ya incitan al presidente Alan García a rociar con napalm a esos jíbaros.

La demanda generalizada de los pueblos originarios (centenares de culturas y lenguas, toda una civilización distinta, negada pero viva, con sabidurías ambientales y de convivencia que la civilización occidental haría bien en atender), es tan abrumadoramente legítima como insportable para gobiernos como los de Perú, México o Colombia, y hasta los más progres de la región. Todos aspiran al desarrollo (de los negocios) y abren paso a las multinacionales de una economía global en crisis suicida, a la industrialización fugaz, la destrucción ambiental y cultural (que no serán fugaces). Por un puñado de dólares.

El Congreso Nacional Indígena (CNI), reunido el 14 de junio en Ostula, Michoacán, emitió un pronunciamiento que en otras épocas hubiera resultado insólito: por el derecho a la autodefensa de los pueblos, y así defendernos a todos. Su sensatez desarmará al más marrullero de los ideólogos mediáticos:

“La guerra de exterminio neoliberal desatada en contra de nuestros pueblos ha alcanzado un grado de destrucción, despojo y explotación nunca visto, que pone en grave riesgo la existencia, la seguridad y los territorios correspondientes a los pueblos originarios.

“En la misma medida la represión desatada contra nuestros pueblos se ha expresado en el asesinato y el encarcelamiento de cientos de dirigentes indígenas, así como en la ocupación militar y paramilitar de nuestros territorios, criminalizando la lucha social y todo intento organizativo que se origine en nuestros pueblos de manera independiente y autónoma.”

Al igual en la fase última del dictador Porfirio Díaz, sostiene el CNI, “las leyes y políticas gubernamentales provocan el despoblamiento masivo de nuestras comunidades y la ilegal invasión de sus territorios originarios por parte de grandes empresas trasnacionales, gobernantes y políticos, amparados en una justicia venal, incapaz de dar solución efectiva a los graves problemas, principalmente de tierras, que aquejan a nuestros pueblos.

En todos los tiempos de nuestra historia, los pueblos originarios hemos creado formas organizativas legales y legítimas para nuestra autodefensa, habiendo llegado incluso a la formación de ejércitos indígenas que han marcado la vida de este país, como el Ejército Libertador del Sur y el Centro que encabezó el general Emiliano Zapata, o el actual Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Así, ante la guerra de exterminio neoliberal (como en el resto de América), nuestros pueblos, tribus y naciones tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 constitucional, para organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, sus libertades y derechos fundamentales, su cultura y territorios. Nuestros pueblos tienen, en el contexto de sus derechos a la libre determinación y autonomía, el derecho de organizar su autodefensa del modo que consideren conveniente, en tanto no atente contra los derechos humanos; por lo que la creación, en el contexto de nuestra cultura y organización tradicional, de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas organizativas comunales para la autodefensa indígena, son legales, legítimas y, sobre todo, necesarias frente a la profunda corrupción y descomposición de las instancias encargadas de impartir justicia. Invocan como marco legal los acuerdos de San Andrés (incumplidos por el gobierno).

La sola enumeración de las luchas de estos pueblos actualmente en curso en territorio mexicano desboradaría los límites de este artículo. Se les invisibiliza, como siempre.

El CNI repudia, desde ya, cualquier acto gubernamental para desacreditar e impedir nuestro legítimo derecho a la defensa de nuestra existencia, nuestra seguridad, nuestras libertades y derechos fundamentales, cultura y territorios. Asimismo, manifiesta que cualquier acción gubernamental tendiente a criminalizar nuestra organización para la autodefensa no tiene mayor fin que facilitar la represión y la destrucción de nuestros pueblos.

No se van a dejar. Ante un mundo en riesgo de extinción, un fantasma de libertad recorre América.