Con mayores facultades, producto de la reforma electoral que debería haber apuntalado su papel, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dista de consolidarse y ha acumulado paulatinamente críticas de diversos sectores: partidos políticos cuestionan decisiones arbitrarias, el Instituto Federal Electoral (IFE) exige respeto ante fallos agraviantes, y académicos califican de muy preocupantes sus vaivenes y discrecionalidad.

Lejos de los elogios mutuos que los magistrados se prodigan como grandes intérpretes de la Constitución, el TEPJF ha atraído la atención por la falta de certeza que, para algunos actores, han introducido sus fallos.

Recientemente hasta el informe de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés) se ha sumado a las críticas, al hacer un señalamiento sobre las maltrechas relaciones del tribunal con el IFE.

Las múltiples críticas recibidas por la peculiar resolución del caso Iztapalapa se han sumado a la polémica determinación sobre los espots disfrazados de los legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Sus oscilantes resoluciones en torno al uso de los programas sociales y la figura presidencial, así como los fallos relacionados con las televisoras, son los puntos más espinosos, que contrastan con la recurrente argumentación del TEPJF apelando a las estadísticas como justificante de su actuación.

Carlos Pérez, doctor en derecho e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, no duda en definir la actuación de los magistrados: es preocupante, porque si ya de suyo es una elección que presenta sus propios retos, su labor ha sido inconsistente y errática, y viola hasta la certeza y, en ocasiones, la imparcialidad, independientemente de la discrecionalidad con que aplica facultades, como el uso de la plena jurisdicción o la atracción.

Cita el ejemplo de Iztapalapa, donde a petición de parte –la candidata perredista favorecida Silvia Oliva– ejerció su facultad de atracción, misma que le había negado a un militante panista inconforme por una designación similar en la candidatura blanquiazul a Gustavo A Madero. La irregularidad fue mayor, porque ejerció funciones de suplencia de la queja ante inconsistencias en el recurso, en detrimento de la otra aspirante en la primera demarcación, Clara Brugada, lo que supone violentar la imparcialidad requerida.

Entrevistado por separado, John Ackerman, también investigador de la UNAM, subraya que estamos ante un tribunal con demasiados intereses políticos, lo que se ve reflejado en sentencias inconsistentes, que hacen evidente la deficiencia con que están actuando: no hacen diligencias para mejor proveer en los casos; no revisan antecedentes jurisprudenciales para apuntalar sus decisiones; ejercen discrecionalmente sus facultades de plenitud de jurisdicción.

Esto lleva al punto, dice Ackerman, de que en ocasiones no asuman la plena jurisdicción para evitar el costo político de algunas resoluciones, pero en otras, como los casos de la presidencia del PRD y el caso Iztapalapa, van al fondo sin que queden claros los criterios y razones de decisiones que han causado impacto serio en la vida interna del sol azteca. Es evidente, el TEPJF dista mucho de ser un tribunal de vanguardia cuyas decisiones colmen los claros vacíos que hay en la ley.

Otro parámetro de la cuestionada actuación de los magistrados ha sido la insólita réplica que han generado entre el propio IFE algunas de sus decisiones. Algunas resoluciones del TEPJF han generado molestia entre los consejeros, al punto de que, de manera inédita, en sesión de Consejo General han exigido al tribunal mayor respeto de su desempeño.

La postura del TEPJF llegó al punto del absurdo –se dijo entonces entre los consejeros– cuando el IFE resolvió en torno al cambio de nombre de la coalición PT-Convergencia. A pesar de que un día antes el instituto electoral había resuelto avalar el nombre Salvemos a México, propuesto por los propios partidos, el tribunal invalidó la sesión ordenando su repetición para aprobar el mismo nombre, pero en sesión ordenada por los magistrados, sólo para hacer valer su jerarquía.

Carlos Pérez subraya que son evidentes las malas relaciones que hay entre ambas instituciones, pero al TEPJF le debe quedar claro que no es superior jerárquico del IFE, que ésta es una institución vital del Estado, al que ha desgastado inútilmente con algunas resoluciones. En ellas el tribunal sencillamente, sin que exista un criterio claro, no asume la plena jurisdicción para, por ejemplo, modificar una multa por unos cuantos salarios mínimos o reponer un nombramiento por minucias.

Subraya que el IFE ya tiene una carga de trabajo importante, derivada de sus facultades, como para que el TEPJF le añada una sobrecarga y desgaste por resoluciones que deberían tomar los magistrados.

A su vez, Ackerman llama la atención sobre sentencias que incluso han ido en contra del propio espíritu de la reforma, como el caso del los promocionales del PVEM, donde se abrió la puerta al dinero público.

Por decir lo menos, asegura Carlos Pérez, el TEPJF actuó con ingenuidad al permitir que se usara el emblema partidista en informes presentados en época electoral.

Los partidos políticos no han sido una excepción en descalificar las resoluciones del TEPJF, las cuales han calificado de absurdas y atípicas –cuando se han anulado candidaturas–, que han tenido que acatar inevitablemente para manejarse dentro del terreno de la legalidad, a pesar de señalamientos sobre excesos procedimentales del tribunal.