En una situación sui generis, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará hoy la discusión sobre dos asuntos en los que el órgano está directamente interesado y cuya decisión impactará en las finanzas de municipios y estados del país, ya que se relacionan con el pago de agua potable y alcantarillado, así como el impuesto sobre nómina.

Se espera una votación dividida, debido a que varios ministros sostienen que el Poder Judicial de la Federación (PJF) debe cumplir su obligación como contribuyente, mientras otros consideran absurdo que las dependencias paguen impuestos al propio Estado, además de que solventar contribuciones afecta la capacidad gubernamental de cumplir con las obligaciones que tienen ante la sociedad.

A petición expresa del ministro presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, el máximo tribunal resolverá si los juzgados de distrito y tribunales colegiados, así como los edificios de la SCJN y del CJF distribuidos en el territorio nacional, son beneficiarios de la exención del pago de agua potable y alcantarillado prevista en el artículo 115 constitucional, que exonera a los inmuebles federales de dicho pago.

Una vez resuelto este asunto, los ministros determinarán si los diversos órganos que integran el Poder Judicial Federal, empezando por la propia Suprema Corte, deben pagar o no el impuesto sobre nómina a que los obligan gran parte de las leyes hacendarias de los estados.

Antes de dejar la presidencia de la corte y del Consejo de la Judicatura, Mariano Azuela (2006) planteó ante el pleno de ministros una consulta para determinar si procedía o no que el máximo tribunal y, por ende, los órganos que integran el PJF, están obligados a pagar dicho impuesto o no.

De acuerdo con información obtenida en el máximo tribunal, hay ministros que afirman que la SCJN y el CJF deben cumplir todas sus obligaciones sobre el pago de servicios e impuestos, y que éstos no deben poner como pretexto la carencia de un presupuesto suficiente para hacer frente a esas erogaciones.

El problema de los recursos debe ser resuelto por la Cámara de Diputados al asignar el presupuesto, confirmaron fuentes judiciales consultadas.

En cuanto al pago de agua potable y alcantarillado, la Suprema Corte resolvió en votación dividida la semana pasada que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la Secretaría de Hacienda, sí debe pagar por estos servicios a municipios del estado de Nuevo León.

Posteriormente dictaminó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también está obligado a cumplir con el pago del impuesto sobre nómina.

A pesar de que ambas decisiones se adoptaron de manera dividida, en la discusión no se abordaron una serie de temas que sí discutirán los ministros en los juicios ordinarios civiles, amparos y consultas en los que la presidencia de la Corte y del Consejo buscan evitar dichos tributos.

Un punto central en el debate será si la Corte y el Consejo, como entes de la administración pública federal, tienen capacidad contributiva y si afecta a su labor el pago referido, ya que éste como tal no está previsto en el presupuesto de ingresos y egresos de ambos organismos colegiados, lo que obligaría a restructurar la ingeniería financiera del Poder Judicial de la Federación en su conjunto.