Juan Manuel Gómez-Robledo Verduzco, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó ayer que el gobierno federal haya utilizado un lenguaje tramposo para negarse a aceptar las recomendaciones que le hizo el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en materia de arraigo y fuero militar.

Agregó que respeta el punto de vista de la sociedad civil sobre el tema, pero que no está de acuerdo con sus señalamientos de que hay un doble discurso al respecto. Puntualizó que el Estado mexicano se toma muy en serio los planteamientos del organismo multilateral, tanto o más que si estuvieran plasmados en un tratado jurídicamente vinculante.

En febrero pasado, México fue sometido al examen periódico universal que realiza el CDH. Como resultado, recibió 91 recomendaciones para mejorar el respeto a los derechos humanos en el país. De ellas, el gobierno aceptó 83 y se reservó el derecho de evaluar ocho. De estas últimas, recientemente aceptó cinco y decidió no dar apoyo a tres, precisamente las referidas a la desaparición del arraigo y a someter al fuero civil a miembros del Ejército que cometieron violaciones a las garantías individuales en el ejercicio de sus funciones.

Como parte de sus argumentos para rechazar las recomendaciones, los representantes mexicanos expusieron ante el consejo de la ONU que la justicia castrense está supeditada a la civil, ya que en procesos jurídicos militares los inculpados pueden acudir al amparo en el primer ámbito, pero organizaciones no gubernamentales resaltaron que eso no sirve, porque cuando un civil sufre una violación a sus derechos por parte de soldados se sigue un juicio militar, en el que queda fuera, y tampoco tiene posibilidad de recurrir a una resolución absolutoria ante la justicia civil.

Sobre el arraigo, el gobierno dijo que se trata de un tema incluido en la Constitución y bajo regulación del Poder Judicial; sin embargo, los activistas consideraron que no está debidamente regulado; que los jueces de control apenas están en implementación y nadie asegura que realmente cumplan con su papel. Incluso, hay quienes argumentaron que esta figura ha propiciado la tortura en los centros de arraigo.

En entrevista con La Jornada, Gómez-Robledo Verduzco resaltó que el arraigo no es una medida que pueda equipararse a una detención arbitraria, sino que se trata de un instrumento cautelar de carácter excepcional sujeta al control judicial, que se aplica contra quienes presumiblemente tienen vínculos con el crimen organizado, para que el Ministerio Público pueda allegarse de elementos para saber si hay presunción de culpabilidad.

Mencionó que la persona arraigada no permanece incomunicada. Mantiene contacto con sus defensores, y el juez de control debe asegurarse de que esté siendo tratada conforme a las normas elementales de detención y con respeto a sus derechos humanos. La medida se aplica por un periodo de 40 días y de ser necesario puede haber otro lapso de 40 días.

Refirió que dicha herramienta cumple con la norma internacional, mientras que en otros países reconocidos como democracias de pleno respeto a los derechos humanos existen figuras similares de detención preventiva por un número mayor de días y en algunos casos no están sujetos al control judicial. En torno a que se comete tortura en los centros de arraigo, expuso que hay mecanismos muy ágiles para verificar in situ si en efecto se ha cometido este delito. No sólo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene una visitaduría dedicada al tema de la tortura, sino que la Secretaría de Seguridad Pública ha trabajado para poner en práctica el Protocolo de Estambul, que es una especie de dictamen médico que permite evaluar con alto grado de certeza si una persona fue sometida a tortura. Además, conforme a las últimas reformas a la legislación, ninguna confesión que no sea rendida ante un juez tiene validez.

Sobre el fuero militar, el funcionario de la SRE subrayó que se trabaja en la adecuación del código respectivo, en los tratados de derechos humanos y en la reforma del sistema penal, con el objetivo de transparentar aún más los procedimientos ante los tribunales militares y ampliar la participación de las víctimas en los mismos.

Juan Manuel Gómez-Robledo también rechazó que desde la desaparición de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) se hayan dejado de investigar los casos que llevaba la dependencia, como han denunciado algunas agrupaciones sociales. La Procuraduría General de la República trabaja en estos asuntos, de manera que no se configura un patrón de impunidad en ese sentido, explicó, e informó que próximamente se dará cuenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de Rosendo Radilla, referente a una desaparición forzada de los años 70.