De los 127 mil planteles educativos en el país, entre 75 y 80 por ciento –alrededor de 100 mil inmuebles– no cumplen con todos los requisitos mínimos de seguridad, habitabilidad y funcionalidad, reconoció el director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), Eduardo Bravo Esqueda, quien ante esas condiciones espera en Dios que no se repitan casos como el de la guardería de Hermosillo, donde un incendio ocasionó la muerte de 46 niños.

El funcionario admitió que la ciudadanía se encuentra desprotegida legalmente ante las deficientes instalaciones escolares, pero señaló que la población es quien tiene que exigir el acatamiento de la ley, y si aun así no se respeta, sugirió castigar con el voto la ineficiencia gubernamental: En un estado democrático, esto se refleja justamente en los procesos de elección.

En una entrevista con este diario efectuada el pasado miércoles, un día antes de que le pidieran la renuncia, misma que la SEP hará oficial hoy lunes, Bravo Esqueda apuntó las consecuencias de que los estudiantes acudan a inmuebles en pésimas condiciones: si permanecen seis horas diarias en un espacio donde los baños no funcionan, están sucios; donde las lámparas no sirven, donde los pisos están cuarteados, donde viven sometidos a una temperatura de 40 grados; o a inclemencias del tiempo en invierno, su formación será de ese nivel y entonces su actitud de exigencia en el futuro seguramente será de ese tamaño.

Consecuencias de la descentralización educativa

En términos estadísticos, la situación es la siguiente: de entre 125 mil y 127 mil inmuebles escolares que albergan a más de 25 millones de alumnos de educación básica, yo me atrevería a pensar que entre 15 y 20 por ciento cumplen con todos los requisitos mínimos de habitabilidad, seguridad y funcionalidad. Ello significa que del total, sólo entre 19 mil y 25 mil planteles cumplen a cabalidad con esas condiciones.

Entonces apuntó que 65 por ciento del universo, es decir, alrededor de 82 mil instalaciones, se encuentran en núcleos poblacionales alejados, dispersos, sometidos a condiciones de muy difícil acceso y con dificultad para el abastecimiento de energía eléctrica, agua y drenaje, en tanto que 35 por ciento, unos 44 mil planteles, se ubican en las zonas urbanas. Sin embargo, estos últimos atienden a 80 por ciento de la matrícula, mientras que a los inmuebles rurales asiste 20 por ciento.

Bravo Esqueda afirmó que el deterioro de las edificaciones obedece a la falta de un sistema permanente de mantenimiento, debido a que no hay dinero que alcance para tener escuelas a cabalidad, pero también apuntó que el recurso federal que se envía a los estados no llega al destino final con oportunidad o no es eficientemente aplicado, porque hay entidades que presentan rezagos hasta de dos a cuatro ejercicios, lo cual es una situación por la que los gobiernos locales tendrán que responder.

Con la descentralización de los servicios educativos, las funciones en el tema de la infraestructura siguieron el mismo curso, por lo que son los organismos descentralizados de las entidades los responsables de la construcción, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de las instalaciones escolares, subrayó.

Añadió que a raíz de dicha descentralización –pacto firmado en 1992 entre el gobierno federal y Elba Esther Gordillo– se perdió también un registro nacional agregado del estado de la infraestructura educativa; porque cuando operaba el Capfce (Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas) sí tenía identificado el estado de los inmuebles. Hoy, el Inifed está en la construcción de la arquitectura de este sistema, apuntó.

Aunque insistió en que es una obligación del Estado mexicano ofrecer a los estudiantes instalaciones seguras, funcionales y pertinentes, admitió que la participación de los padres, junto con maestros y autoridades del plantel, ha permitido que las escuelas no caigan en un deterioro acelerado.

Al cuestionarle que el Estado ha declinado de su responsabilidad y se la ha trasladado a los tutores, el funcionario consideró, como una doble virtud, la presencia de los padres, porque es la parte práctica y yo diría la parte cultural de la comunidad escolar, de que los padres de familia se involucren también en el cuidado de las instalaciones.

Por último, consideró que deben existir tribunales judiciales en materia de cumplimiento de la Ley General de Infraestructura Física Educativa –promulgada hace un año–, pero mientras tanto esperemos en Dios que no se repitan casos como el de la guardería de Hermosillo y que todo mundo entre en conciencia, como en lo general sucede, al menos en la solvencia estructural del cumplimiento de la norma.