Tuxtla Gutiérrez, Chis., 24 de junio. En las últimas tres décadas los movimientos sociales de resistencia al pago de las tarifas que aplica la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se han incrementado hasta alcanzar a 40 por ciento del total de los usuarios en Chiapas, entre ellos las autoridades municipales. La suma de los adeudos, al cierre de mayo pasado, rebasaba 780 millones de pesos.

En la década de 1990 comenzaron en Chiapas los movimientos sociales de resistencia al pago de las tarifas que aplica la CFE, con base en la contradicción de que la entidad es una de las principales generadoras de energía, y aun así los habitantes de las zonas donde se produce este recurso pagan por su uso costos que son considerados excesivos.

Las acciones de resistencia al pago se incrementaron al paso del tiempo, al grado de que para comienzos de 2009, 40 por ciento de los usuarios de energía eléctrica en la entidad, entre particulares y autoridades municipales, se mantienen en esta situación. La consecuencia son adeudos con la paraestatal de 781 mil millones 641 mil 697 pesos, sólo en las ciudades de Tuxtla, San Cristóbal y Tapachula, señala un informe de la división sureste de la CFE.

Protestas hasta la violencia

Los movimientos de protesta contra la paraestatal no se han reducido al no pago, y a las manifestaciones y mítines que cada mes se organizan en toda la entidad –el último fue el pasado fin de semana en tres municipios de la zona fronteriza: Comitán, Chicomuselo y Motozintla– se añaden hasta acciones violentas.

Por ejemplo, en enero de 2008 desconocidos quemaron las oficinas de la CFE en el municipio El Porvenir, ubicado en la región con mayor índice de marginación de la entidad. Ahí los inconformes dejaron leyendas como ratas de 10000 patas, pueblo siempre, tarifas bajas o muertitos.

En abril de ese mismo año la CFE presentó una demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por lo que consideró un atentado que afectó una subestación de la capital del estado y dejó sin energía a 40 por ciento de la ciudad. Extraoficialmente se calcula que la PGR ha recibido media centena de denuncias por acciones de ciudadanos cometidas contra la paraestatal.

Las comunidades que se mantienen en resistencia contra los cobros de la paraestatal tienen origen y militancia variadas. Hay desde grupos de ciudadanos independientes como la organización Dos Valles Valientes, ubicada en el municipio de Cintalapa, hasta simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). También se encuentran autoridades municipales.

El superintendente de la CFE en Chiapas, Joaquín Sumano Leyva, consideró en entrevista que el factor principal que ha contribuido a la cultura del no pago son las organizaciones políticas o grupos que promocionan en las zonas indígenas, donde se encuentra el grueso de los morosos.

En el reporte de mayo la CFE señala que 403 mil 820 usuarios tienen deudas con la paraestatal. Entre ellos se cuentan 117 de los 118 municipios que existen en la entidad. Por lo menos a 40 municipios la paraestatal ha suspendido el servicio de energía eléctrica en el alumbrado público y oficinas gubernamentales.

Durante las manifestaciones contra la paraestatal, los afectados han presentado pruebas evidentes de los cobros excesivos. Tal fue el caso de la indígena tzotzil Marcela Arias Pérez, originaria del municipio de Chenalhó y militante de la organización civil Las Abejas, quien en mayo pasado mostró el recibo que había llegado a su vivienda por 23 mil 241 pesos con 50 centavos.

Para enfrentar esta presión y cobrar los adeudos, la CFE –que administra en esta entidad cuatro centrales hidroeléctricas: La Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas– ha logrado acuerdos con las autoridades estatales para que paguen 50 por ciento de la deuda de los usuarios morosos que se acojan a los programas de regulación, y suspendan las acciones de resistencia.

Por ejemplo, el gobierno del estado desplegó en 1995 el programa Una luz amiga, que habría de beneficiar a los usuarios de tarifas domésticas según los consumos bimestrales por kilovatio-hora.

En 2003 el gobierno aplicó el programa Vida mejor con vigencia de tres años, donde aportó 60 millones de pesos del subsidio. Este programa se prorrogó hasta septiembre de 2008.

Al término de esta fecha la actual administración anunció la prolongación del subsidio a través del programa Luz solidaria, para el que anunció la inversión de 280 millones de pesos.

Para el superintendente de la CFE en Chiapas, Joaquín Sumano Leyva, los programas establecidos por el gobierno del estado son positivos y son los que ayudan en gran escala a evitar el incremento del padrón de los deudores.

Sin embargo, según análisis del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (Ciepac), al principio un buen número de usuarios aceptaron entrar a estos programas, pero cuando vieron que era una tomada de pelo porque los recibos les seguían llegando con cantidades elevadas por el consumo, regresaron a la resistencia.