Tegucigalpa, 25 de junio. Tras una ola de rumores de golpe de Estado y una movilización de tropas en esta capital la madrugada de este jueves, Honduras amaneció en medio de una crisis política en la que está enfrentado el presidente Manuel Zelaya con la Corte Suprema de Justicia y el Congreso unicamaral.

El choque de poderes fue originado el miércoles a la medianoche por la decisión de Zelaya de destituir al jefe del estado mayor de las fuerzas armadas, general Romeo Vásquez Velásquez, quien se había negado a distribuir unas 15 mil urnas para que los ciudadanos depositen el domingo próximo las boletas de consulta popular para una Asamblea Constituyente que posibilite la relección presidencial.

Zelaya ha encabezado este año un movimiento en favor de lo que llama una encuesta que determine si los electores aprueban la instalación de una cuarta urna el 29 de noviembre en las elecciones generales del país (presidenciales, legislativas y locales).

En esa urna se aprobaría o rechazaría la convocatoria inmediata a una Asamblea Constituyente que reforme la Carta Magna y redacte un artículo favorable a un nuevo mandato de cuatro años para el jefe del Poder Ejecutivo, cuyo periodo expira el 27 de enero.

En cadena de radio y televisión, Zelaya anunció haber aceptado la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana Mercado, y giró orden de destitución de Vásquez Velásquez, quien se opuso a la distribución de los depósitos electorales porque un juez ordenó a las fuerzas armadas mantenerse al margen de la organización de la consulta, ya que el órgano competente, el Tribunal Supremo Electoral, rechazó desde hace varios días la iniciativa del presidente.

Zelaya es un terrateniente que llegó al poder impulsado por el conservador Partido Liberal, pero dio un giro a la izquierda en sus políticas sociales y en las relaciones exteriores del gobierno, al sumarse a la Alternativa Bolivariana de las Américas, creada por el presidente venezolano Hugo Chávez.

Su consulta popular es apoyada por sindicatos, campesinos, indígenas y estudiantiles que se habían mantenido críticos a los gobiernos civiles surgidos después de varios años de administraciones militares, aliadas a Estados Unidos en la guerra contra los rebeldes sandinistas en Nicaragua en los años 80.

Desde las primeras horas de hoy, los miembros de la corte, del tribunal electoral y del Congreso comenzaron en sus recintos la discusión de las medidas anunciadas por Zelaya el pasado miércoles.

Los legisladores votaron unánimemente en favor de una declaración que exige a Zelaya la restitución de Vásquez Velásquez, y la máxima autoridad electoral declaró una vez más que la consulta del domingo es violatoria de la Constitución y las leyes electoral y de organizaciones políticas.

A su vez, el pleno de la sala de lo constitucional de la Suprema Corte aceptó por unanimidad dos recursos de amparo contra las decisiones del titular del Ejecutivo.

Uno de los amparos fue interpuesto por un abogado a título personal y otro por el fiscal general, Mauricio Aceituno, quien consideró inconstitucional la decisión de Zelaya –comandante general de las fuerzas armadas del país– de apartar de su puesto a Vásquez Velásquez, quien no estaba obligado a cumplir una orden ilegal.

Hasta el cierre de esta edición era incierta la situación del jefe del estado mayor castrense, porque la corte ordenó su restitución, mientras el militar dijo haber acatado la instrucción de Zelaya, dado que su nombramiento o retiro del cargo es facultad del jefe del Ejecutivo.

Después de conocer la decisión de la Corte Suprema, Zelaya anunció que no acatará la decisión de los 15 magistrados del alto tribunal, que nunca ha resuelto los grandes juicios que afectan al país... y sólo hace justicia a los poderosos, ricos y banqueros.

Orellana Mercado presentó el miércoles su renuncia al cargo en solidaridad con Vásquez Velásquez, la cual fue secundada por los comandantes de las demás ramas de las fuerzas armadas, el ejército, la fuerza aérea y la naval.

Versiones de prensa indicaron que la cúpula militar del país estuvo acuartelada desde las primeras horas del jueves en el estado mayor conjunto de Tegucigalpa.

Al amanecer, tropas del ejército –del primer batallón de infantería– patrullaban las calles de la capital y establecieron posiciones en el perímetro de la casa presidencial y el aeropuerto civil ubicado al sur de la ciudad, donde también se encuentra la sede de la fuerza aérea.

Pese a la movilización militar y los rumores de un golpe de Estado en proceso, los habitantes de Tegucigalpa realizaron este jueves sus actividades normalmente.

La situación se tensó al mediodía cuando unos 2 mil simpatizantes de Zelaya acudieron a la explanada de la casa presidencial, cuando la mayoría de las tropas se habían retirado de la zona.

No creo que las fuerzas armadas enteras estén desobedeciendo a su comandante en jefe. Son los grupos fácticos de poder que manipulan los poderes del Estado, dijo Zelaya a seguidores, con quienes se desplazó inmediatamente después a la base militar del sur de la ciudad a recoger las urnas que se usarán el domingo en la consulta.

Según el presidente Chávez, lo sucedido indica que está en marcha en Honduras un golpe de Estado; es la burguesía, esa alianza de fuerzas burguesas retrógradas que están tratando de frenar que se convoque a una consulta popular.

A petición de Zelaya, la crisis política en Honduras será discutida este viernes en el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).