Las organizaciones civiles de defensa de derechos humanos y Fundar manifestaron ayer que presentaron un caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el cual cuestionan la aplicación del fuero de guerra en el país y señalaron que esperan que a más tardar en las próximas dos semanas pueda ser resuelto por la Corte.

El director del Centro Prodh, Luis Arriaga, y el investigador de Fundar, Luis Miguel Cano, así como Santiago Aguirre, abogado del Centro Prodh, en conferencia de prensa destacaron que el ministro José Ramón Cossío es quien analiza el caso y deberá decidir en los próximos días si la extensión del fuero de guerra en el país es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado.

El director del Centro Prodh y el investigador del Fundar, Luis Miguel Cano, en sus exposiciones coincidieron en que la Suprema Corte tiene ante sí una oportunidad inmejorable para fortalecer el control civil sobre las fuerzas armadas ya que, destacaron, la seguridad pública corresponde a las autoridades civiles, y si bien es cierto que las fuerzas armadas pueden realizar esas tareas, éstas deben ser supervisadas por la autoridad civil. Por lo cual, si los militares cometen violaciones a los derechos humanos y violaciones sexuales, éstas deberán ser conocidas por la autoridad civil y no por la autoridad militar.

Las organizaciones civiles y Fundar resaltaron que desde hace décadas los militares cometen violaciones a los derechos humanos, que van desde torturas y violaciones sexuales hasta la privación de la vida. Pero como se les radica en el fuero militar, las denuncias nunca prosperan.

Por ello, insistieron en que la Suprema Corte, que conocerá el amparo en revisión 928/2009, donde se impugna la extensión del fuero militar –donde las víctimas son civiles que han sufrido violaciones a los derechos humanos–, resuelva en favor de la afectada, la esposa de un civil asesinado por militares.

Si la Corte resuelve que la autoridad civil debe conocer de este caso, abre la puerta para que otros juicios en el que los militares están involucrados puedan resolverse. Las organizaciones destacaron que esperamos que el próximo 8 de julio, después de las elecciones, el pleno de la Corte conozca este caso.