la capillita electoral todavía no le llega su fiestecita. Pero a los augurios y encuestas se les acabó la hora de lanzar cohetes. Tras el recuento de votos del 5 de julio van a tener que recoger las varas del sistema plural de partidos. Y silenciar el guerrero llamado a la unidad que resultó en desbandada de compañeros de viaje al grito de ¡viva el que vence! Adherentes mal pegados que vuelven a cambiar de bando al avizorar la derrota oficialista en las elecciones de medio sexenio.

No es un plebiscito sobre la popularidad de Felipe Calderón, sobre el valor del Presidente que proclaman sus propagandistas y reconocen los aliados en la guerra contra el crimen organizado. Tampoco será referendo que resuelva por omisión el final del sistema plural de partidos al que dimos rango constitucional.

Quien apuesta todo al vuelo de una moneda es el presidente Manuel Zelaya, quien propuso reformar la Constitución y aprobar la relección presidencial mediante lo que llama encuesta popular. Y se metió en Honduras: el Congreso intentó declararlo incompetente para gobernar; el ejército repuso en su puesto al destituido jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, Romeo Vázquez, quien se negó a repartir el material para la encuesta de opinión ciudadana. En Tegucigalpa el ejército está en las calles.

Lo que allí ocurra será una prueba para la OEA y para la actual administración de Estados Unidos, dice Fidel Castro; y los países del Mercado Común del Sur, los de la Alternativa Bolivariana, así como los integrantes del Sistema de Integración Centroamericano, respaldan al gobierno constitucional hondureño. Zelaya asegura que hará su consulta, pero no quiere que los soldados estén en las calles. Se habla de fallida intentona de golpe de Estado y el Congreso dominado por la derecha se suma a la oligarquía y a los militares que rechazan la reforma electoral y la relección propuesta. Ayer se hablaba de vuelta a la normalidad. Queda la incertidumbre sobre la instalación de la llamada cuarta urna para convocar a una asamblea constituyente en las elecciones generales.

En México, el Ejército está en las calles y ahí se mezclan la sensación de seguridad y la inquietud por la militarización que prolonga el estado de sitio ficticio. Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, asegura que se actúa de acuerdo con el Ejecutivo. Felipe Calderón pregona victorias en la guerra al crimen organizado y predica el valor de la redención religiosa al decir que los jóvenes se hacen adictos a las drogas porque no creen en Dios, porque no lo conocen. Los jerarcas de la Iglesia católica llaman aberrante a la legislación que no castiga a los portadores de pequeñas cantidades específicas de algunas drogas, y recuerda a los narcotraficantes el llamado del Papa amigo de México: ¡conviértanse!”

No hay riesgo de cuartelazos en el horizonte de la República federal, laica y democrática. Pero los jefes y oficiales del Ejército han manifestado insistentemente la iniciativa del mando civil para legitimar la intervención prolongada de los soldados en la guerra contra el crimen organizado. El combate al narcotráfico, el secuestro y otros delitos del orden común agravian y dañan a la comunidad nacional, a los ciudadanos, a la oligarquía de nuestra aristocracia pulquera y a los millones de pobres que sobreviven en la miseria y al borde de la hambruna. El combate al narco que ha infiltrado todas las áreas del poder constituido, no sólo ha cobrado vidas y hecho rodar cabezas: ha fisurado el marco institucional de la República y sembrado el miedo. De ahí que se cuestione severamente utilizar el combate a ese peligro como argumento de estrategia electoral.

Dígalo si no el silencio de Germán Martínez ante la respuesta de Beatriz Paredes al ya habitual uso de acusaciones al turbio pasado del PRI. En el PAN, dijo el dirigente nacional del partido en el poder, no toleramos ni solapamos cómplices del crimen organizado, y exhibió una fotografía de Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, indiciado y encarcelado por complicidad en el tráfico de drogas. Ah, en la foto aparecía Beatriz Paredes, según hizo notar Germán Martínez con sonrisa que quiso ser irónica y se hizo rictus amargo al responder la tlaxcalteca que los cargos y el encarcelamiento de ese priísta se hicieron por un gobierno priísta. Se hizo el silencio en el programa-debate conducido por Joaquín López Dóriga, en el que participó también Jesús Ortega, tercero en discordia.

Dicen los expertos que nadie gana un debate entre candidatos, o entre dirigentes de partidos políticos contendientes. Que nadie gana. Que siempre hay quien pierda al cometer un error espectacular, o tropezar con sus propias palabras. Imposible olvidar el patético instante en el que Francisco Labastida decidió enlistar los agravios a su persona por Vicente Fox: Me ha dicho mandilón... me ha llamado La vestida. Y ahí mismo se supo que no había aparato político capaz de lograr que volviera a ser de una pieza el candidato destazado ante los millones que asistieron al debate en el ágora electrónica. Claro que, además de eso, los titiriteros del alto vacío movieron los hilos de la convocatoria al voto útil. Y el hartazgo con los dislates del priato tardío hizo el resto.

Nueve años en el poder cumplirá el PAN. Son responsables de lo sucedido en su guardia. Pero Germán Martínez mantiene la vista fija en el pasado. Pero tiene ojos y no ve. O nada aprende. Su tropezón en el programa-debate de Televisa no tendrá efectos tan devastadores como el del patético lamento de Labastida. Pero la obsesión con las descalificaciones, con las campañas negativas, le impide cambiar de tono y corregir el rumbo. Insensible al dolor de los padres de las criaturas muertas en la bodega donde instalaron una guardería subrogada del IMSS, mezcla la tragedia con la comedia electoral: declara que Eduardo Bours es un ignorante cacique. El gobernador de Sonora y Fernando Gómez Mont se enfrascaron en absurdo duelo por presuntas ofensas a Calderón, por el tono de Bours para exigir al gobierno federal que asumiera su responsabilidad en la investigación del crimen.

Ya son 48 las criaturas muertas en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo. Estamos ante un acto criminal. Y Daniel Karam, director del IMSS, responsable de la seguridad de esos niños en el servicio subrogado a particulares, ha optado por exhibir una incompetencia monumental: asegura que no han dado con la relación de empresas y socios que explotan guarderías subrogadas. Ocultar esos datos es una confesión de culpabilidad; pone en desventaja a la PGR y añade una lápida a las candidaturas panistas en las elecciones de medio sexenio. No es que sean de lento aprendizaje. Quieren legislar y litigar en lugar de ejercer las facultades que la ley les otorga; se empeñan en hacer del poder político púlpito para predicar su fe religiosa y su empeño en destruir el Estado laico.

Eso decidirá el 5 de julio. Elección, o votos anulados para expresar tempranero repudio al sistema plural de partidos. No es un plebiscito. Pero el Ejército está en las calles y es hora de fijar el rumbo; ha cambiado el entorno global y aunque la recuperación de la crisis estuviera próxima, economía y estructuras políticas están al borde del abismo. O el voto, o la organización ciudadana para lograr el cambio de régimen pospuesto para dar vueltas a la noria y dejar hacer al mercado y la flamante oligarquía.