La bancada del PRI en el Senado impulsa una ley del registro nacional de niños, adolescentes y adultos desaparecidos, con el propósito de crear una base de datos que pueda ser consultada por todas las autoridades del país y así facilitar la búsqueda de personas que han sido secuestradas o levantadas.

El senador priísta Adolfo Toledo Infanzón advirtió que el plagio es una realidad innegable en México, que no sólo afecta a la población con recursos económicos altos, sino también a un sector tan vulnerable como son los niños y adolescentes de bajos ingresos que viven en la calle, por lo que es imprescindible contar con un registro de las víctimas, como ocurre en Estados Unidos y otras naciones.

El miércoles pasado, cuando los priístas presentaron la iniciativa ante la Comisión Permanente, el diputado perredista Humberto Zazueta la respaldó, pero pidió que se incluya a los desaparecidos políticos, ya que la primera lista que se debe solicitar es la de los secuestrados en las décadas de los 60 y 70, por cuya liberación luchan Rosario Ibarra y su Comité Eureka.

Sobre todo –explicó– porque la fiscalía que se creó para ese fin nunca dio cuenta de dicha lista.

Toledo Infanzón, quien suscribió la iniciativa con sus compañeros de bancada Mario López Valdez, Fernando Castro Trenti y Cleominio Zoreda, explicó que el pasado 29 de mayo comenzó a funcionar el Sistema Amber Alert, dentro del plan binacional de colaboración entre el gobierno de Estados Unidos y la Procuraduría General de Justicia de Baja California, con el objetivo de enviar información a los medios de comunicación de ambos lados de la frontera para que transmitan la descripción de la víctima y del presunto responsable.

Se busca que la sociedad colabore proporcionando datos que permitan la pronta localización de los afectados, agregó el legislador, quien destacó que en Francia y España opera un sistema similar, el cual permite publicar en los medios de comunicación la descripción y los datos fundamentales del desaparecido, así como sus fotos, en rutas y carreteras.

En la exposición de motivos de la iniciativa se resalta que el secuestro representa una constante en la vida diaria del país, sobre todo por el incremento que ha tenido en los últimos años y por estar directamente relacionado con la comisión de otros delitos, como trata de blancas, pornografía, tráfico de órganos, adopción ilegal, explotación laboral infantil y abuso sexual, entre otros.

Es un fenómeno que ha avanzado porque las políticas diseñadas por el gobierno federal han demostrado no ser acordes con la realidad, ya que aumentar el número de policías y de penas, o contratar asesores externos no ha contribuido a disminuir la inseguridad en el país”.

De acuerdo con datos oficiales –se agrega–, en 2007 se registraron en todo el país 436 denuncias, cifra que subió a 825 en 2008. En promedio se realizan 18 secuestros al día y, en el caso de niños y adolescentes, el factor tiempo es determinante: si son localizados en las 48 horas siguientes a su desaparición la posibilidad de encontrarlos con vida es mayor.