Uno de los grandes problemas de las naciones es la persistencia de sistemas educativos básicamente excluyentes, como es el caso de México, donde casi la mitad de los alumnos en edad de cursar el nivel básico y bachillerato están fuera del sistema. De continuar dicha tendencia, tomaría casi un siglo eliminar el rezago en el sector, advirtió la directora de la oficina regional en México de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Karen Kovacs.

Durante la presentación del sexto Informe sobre derechos humanos en materia educativa, Kovacs recordó que en el país hay 6 millones de analfabetas, 12 millones que no han terminado la primaria y 17 millones sin concluir la secundaria. Son más los que están fuera que dentro del sistema, subrayó.

Por su parte, el director de dicho informe, realizado por la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), Guillermo Escobar, destacó que en los países de la zona, 25 por ciento de las escuelas carecen de agua potable; 35 por ciento no cuentan con aseo suficiente; 63 por ciento no tienen computadoras y 50 por ciento carecen de biblioteca.

A lo anterior –dijo– se suman problemáticas como violencia en los planteles, cobros indebidos de cuotas a las familias, el tema de las adolescentes embarazadas, falta de una política para los estudiantes con discapacidad y malas condiciones del cuerpo docente.

En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el académico de la Universidad de Alcalá de Heranes expresó que dichos datos realmente preocupantes revelan que el derecho a la educación es sistemáticamente incumplido. En el continente –añadió– hay 35 millones de analfabetas y 88 millones de personas mayores de 15 años que no han concluido sus estudios de primaria.

Ante ello, el informe contiene 56 recomendaciones a los estados que conforman la región iberoamericana, entre las que destaca el establecimiento normativo de un umbral mínimo de condiciones básicas de todos los centros educativos, proveyéndolos de aulas, pupitres, tableros, bibliotecas, espacios deportivos y culturales, servicios de agua, alcantarillado, luz y aseo.

Otras de las sugerencias son aumentar la inversión en infraestructura, seguridad, recursos tecnológicos y equipamiento en toda la red educativa y dar prioridad a las áreas rurales y barrios marginados, así como incrementar urgentemente la inversión pública en el sector hasta alcanzar al menos 6 por ciento del producto interno bruto.