Roma, 2 de julio. El Parlamento italiano aprobó una ley sobre seguridad promovida por el gobierno conservador del primer ministro Silvio Berlusconi, que introduce el delito de inmigración ilegal y permite la formación de grupos civiles que harán rondas e informarán a la policía sobre situaciones de peligro.

La ley –que en mayo obtuvo el visto bueno de la Cámara de Diputados– fue avalada hoy en el Senado con un voto de confianza pedido por el gobierno, procedimiento que impide, de hecho, que los parlamentarios debatan los artículos antes de la votación.

El artículo más controvertido de esta ley es el que castiga la inmigración ilegal con una multa de 5 mil a 10 mil euros y la expulsión inmediata al país de origen, pero la cárcel como castigo fue excluida debido a la superpoblación de las prisiones en Italia.

A partir de la promulgación de la nueva ley, los extranjeros deberán exhibir el permiso de residencia en en el país para poder inscribir un hijo en el registro civil.

La norma fue criticada por muchas asociaciones temerosas de que en Italia se dé el fenómeno de los niños invisibles para los hijos de inmigrantes sin dicho permiso.

Prevé también hasta tres años de prisión para quien alquile una casa o una habitación y obtenga un injusto beneficio de inmigrantes sin permiso de residencia, así como que el Ministerio del Interior instituya un registro de los pordioseros sin residencia fija.

Del mismo modo, será posible constituir asociaciones de ciudadanos que, inscritas en listas especiales, podrán realizar rondas de vigilancia para informar a las fuerzas de policía sobre situaciones de malestar social o de peligro.

Anna Finocchiaro, ex magistrada y jefa de la bancada senatorial del Partido Democrático, el primero de la oposición, afirmó que esta ley “es sólo un puñetazo encima de la mesa sin ninguna eficacia desde el punto de vista de la seguridad de los ciudadanos. En cambio, añadió, representa una grave violación de los derechos de los inmigrantes, cuyo trabajo es necesario para mantener miles de negocios.

Una carta contra las nuevas leyes raciales fue firmada por los intelectuales, entre ellos los escritores Andrea Camilleri, Antonio Tabucchi, Dacia Maraini y el premio Nobel Dario Fo.

Se trata de normas discriminatorias contra los inmigrantes, que no se aprobaban desde las leyes raciales contra los judíos en 1938 por el régimen fascista de Benito Mussolini, sostiene el texto.